La oposición se impuso y logró que el mando de la Guardia Nacional quedará en el ámbito de lo civil, contrario a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena cedió a la presión de las otras bancadas y a algunos organismos gubernamentales que se oponían a la creación del nuevo cuerpo de seguridad con un mando militar.
Los críticos manifestaban que la creación de la Guardia Nacional, reforma de la Constitución mediante, le daría más poder y atribuciones al Ejército en el combate a la delincuencia en el país. Morena, se resistía a hacerle un cambio a la minuta, pero al final he tenido que ceder. Esto, pese a las críticas del presidente, López Obrador, quien ha expresado, que lo aprobado es una simulación que no resuelve los problemas.
“Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó”, dijo el Presidente.
Según la reforma, votado a favor por todos los grupos en el Senado, la nueva corporación estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. Para la oposición, este punto es clave, pues rebaja el peso del Ejército en el nuevo cuerpo de seguridad.
Quedó establecido que la Guardia Nacional sería un cuerpo con mando civil, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Este fue uno de los uno de los requisitos clave para lograr el consenso entre partidos, los órganos directivos tendría que no formar parte de las Fuerzas Armadas del país.
Se eliminó también la Junta de Jefes del Estado Mayor que se planteaba en la propuesta original, en la que quedaba el mando militar de la Guardia Nacional.
Igualmente, se acordó una temporalidad de cinco años, mientras se consolida la conformación del nuevo cuerpo de seguridad, para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública bajo el mando del presidente de la República, pero con “parámetros de convencionalidad”, esto quiere decir que tendrán que ajustarse a los tratados internacionales y este control deberá ser normado, subordinado, complementario y fiscalizado.
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