La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) exoneró a Ricardo Anaya, el excandidato panista a la Presidencia dela República por el supuesto delito de lavado de dinero, en el que se le involucró en junio del año pasado, en la recta final de la campaña presidencial.
De acuerdo con una nota aparecida en el diario Reforma, el Ministerio Público archivó la acusación el 28 de noviembre pasado. El caso fue considerado por los partidarios de Anaya como una maniobra orquestada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para dañar la candidatura del panista.
La resolución indica que no se encontraron pruebas suficientes para sustentar la acusación: “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dice el texto.
El documento, firmado por el subprocurador Alonso Israel Lira Salas, agrega que “la denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”.
Los señalamientos que pesaban sobre el ex dirigente nacional del PAN, lo vinculaban con la compra-venta de una nave industrial en Querétaro.
En febrero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República, inició una investigación a Anaya por el presunto delito de lavado de dinero en la compra-venta de dicho inmueble.
El 21 de febrero de 2018 la PGR confirmó la existencia de una investigación sobre Anaya por la supuesta venta irregular de una nave industrial, en 2016 a Manuel Barreiro, un empresario supuestamente vinculado al candidato. Dos abogados que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que el dinero de la compra, 54 millones de pesos, tenía un origen ilícito y que el propósito era canalizar fondos para cubrir gastos de campaña
En todo momento el excandidato negó su participación en actividades ilícitas y acusó a la entonces Procuraduría General de la República, y al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, de utilizar el tema para atacarlo políticamente, dañar su imagen y favorecer al entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, para ganar la elección.
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