El presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete buscan blindarse contra investigaciones penales en su contra del Gobierno de Chihuahua, publica Reforma.
«La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales», se informa.
Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo, señala el periódico.
Los actos reclamados se imputan al gobernador panista Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial local, se agrega.
«La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones», es uno de los actos reclamados, de acuerdo con Reforma.
El 28 de septiembre, el gobernador Corral aludió al Gobierno federal por el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, al que la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la Procuraduría General de la República se desistió.
«Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune», dijo Corral.
«Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua», agregó.
La demanda del Ejecutivo está firmada por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Granados.
Reclama a Corral «su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales».
A la Fiscalía General, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales, según Reforma.
Opina