Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta que en la llamada ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’, como es su nombre oficial) se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para presunto financiamiento de campañas electorales priistas.
En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que –según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con la investigación de Raúl Olmos, Valeria Durán y Ricardo Alvarado, autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, La mayor cantidad la aportó Chihuahua con 250 millones de pesos y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.
Dada la gravedad del caso, Meridiano 107 reproduce a continuación sólo un fragmento de la extensa y bien documentada investigación llevada a cabo por el equipo de MCCI.
21 de noviembre de 2018. Autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington,el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.
En aquella revelación, se mencionó el uso de 4 empresas fantasma.
Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.
Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.
Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.
Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el período de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.
En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos.
Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} para Chihuahua, 22{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} para Colima y 12.7{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} para Durango.
Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
“Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio.
Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.
Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.
Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.
El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros.
MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres.
Dispersan el dinero en más empresas fachada
En la investigación de MCCI se descubrió que los prestanombres son accionistas de más empresas que fueron utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales. Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.
Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.
Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta en Santander de Despacho de Profesionistas Futura SA de CV por un software que nunca entregó.
Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora Invelco. Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres.
La accionista de Futura es la esposa de un ex policía del Estado de México arrestado en octubre de 2016 por robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos, una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México. En menos de una semana –del 8 al 13 de abril— fueron dispersados a través de empresas fachada 83 millones de los 90 millones de pesos que había pagado el Gobierno de Chihuahua a la empresa Futura por servicios inexistentes.
Operaciones similares de dispersión de fondos a empresas fachada se hicieron con otros tres pagos por 156 millones de pesos que el Gobierno de César Duarte realizó a Servicios y Asesorías SINNAX, SAMEX y SISAS por cursos que jamás se impartieron.
Palmera de Azúcar 6, Colonia Las Palmas, CdMx, domicilio de socia de Publicidad Espora, empresa a la que se le transfirieron 20 millones de pesos de SAMEX.
La investigación completa se encuentra:link:https://contralacorrupcion.mx/operacionsafiro/
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