Desde abril de 2018, cuando ejerció la facultad de atracción, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República no ha avanzado un paso en la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.
La situación del caso se encuentra tal y como lo entregó la Fiscalía General de Chihuahua, que lo resolvió en menos de un año y obtuvo tres órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, uno de ellos procesado penalmente.
Se trata de Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, detenido en diciembre de 2017.
El autor material Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó ocho veces contra la periodista, fue asesinado en Sonora en diciembre de 2017.
Está pendiente de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Jaciel Wilberth Vega Villa, quien presuntamente fungió como chofer del carro Malibú gris que trasladó a los asesinos a la casa de la periodista el 23 de marzo de 2017, en la ciudad de Chihuahua.
La apertura de juicio oral contra El Larry está programada para el 4 de noviembre de 2018. Entre los testigos de la defensa de “El Larry” está el exalcalde de Chínipas, Ramón Quinto Agramón Varela, quien en su momento suplió en la candidatura por la alcaldía a Juan Salazar Ochoa, sobrino de los líderes del grupo delictivo Los Salazares, del Cártel de Sinaloa.
Salazar Ochoa era el candidato del PRI en Chínipas, municipio localizado en la Sierra Tarahumara, frontera con el estado de Sonora.
La periodista Miroslava Breach exhibió los vínculos criminales de Salazar Ochoa, quien debió ser sustituido.
El exalcalde priista (2016-2018) será presentado ahora como testigo para defender a Juan Carlos Moreno Ochoa y deslindarlo como asesino de Miroslava Breach.
En las investigaciones aparecen otros políticos.
Entre ellos, Alfredo Piñera Guevara, exvocero del Comité Directivo Estatal del PAN) en el estado y actual asesor de la bancada albiazul en el Congreso del Estado.
Alfredo Piñera confesó ante el Ministerio Público que él grabó a dos periodistas, entre ellos Miroslava Breach, para solicitarles la fuente del reportaje donde se hacía referencia a los precandidatos vinculados con el narco, para deslindar al exalcalde Hugo Schultz, acusado por Los Salazares de filtrar información.
Declaró que la orden la recibió de quien en ese momento era secretario general del PAN, José Luévano, quien se desempeñó por dos años y medio como secretario particular del gobernador y actualmente funge como director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa.
Esas llamadas se efectuaron en junio de 2016. Y Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo del año siguiente.
También aparece Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, quien declaró que solicitó el apoyo de su partido para preguntar a las periodistas quién les dio la información para deslindarlo.
“Ni un milímetro”
El 3 de diciembre de 2018, el titular de la Feadle, Javier Sánchez Pérez del Pozo, declaró que no habían logrado establecer la línea política como móvil del asesinato, aunque afirmó que el caso no está cerrado y existe la posibilidad de abrirla.
Por su parte, el gobernador Javier Corral Jurado dijo el viernes 22 de marzo de 2019 que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión no ha movido “un milímetro” desde que atrajo el caso, en abril del año pasado.
Señaló que confía en que el gobierno federal les tome la palabra como autoridades estatales, para concluir la investigación y detener al otro responsable del homicidio.
A dos años del asesinato, colegas de la periodista exigieron justicia para Miroslava y que se investigue el móvil de la narco-política.
En un pronunciamiento público señalan:
“Demandamos de las autoridades federales la captura de todos los involucrados en el crimen y en especial de los autores intelectuales. Exigimos al gobierno en todos sus niveles una postura firme frente a los grupos criminales que operan en el estado y que por décadas han causado la descomposición social de Chihuahua.
“Los homicidios de periodistas, policías, empresarios y defensores de derechos humanos, además del desplazamiento de comunidades indígenas, las violaciones a derechos humanos y el terror de las familias, son consecuencia directa de esa crisis.
“Nos pronunciamos abiertamente en favor de la libertad de expresión, de las mejores prácticas del periodismo con rigor y la ética, y rechazamos cualquier forma de intimidación, manipulación o agresión hacia la labor que desempeñamos.
“Manifestamos públicamente que en las condiciones actuales que vive el estado no hay garantías para nuestra seguridad, debido principalmente al contubernio o complacencia del gobierno con la delincuencia.
“Desde la sencillez de nuestras trincheras, hablamos hoy como periodistas, con independencia de las empresas que nos contratan, y también a ellas les decimos que nuestra postura es firme en cuanto a que no aceptamos ninguna línea editorial que le apueste al silencio.
“¡Refrendamos aquí y ahora nuestro compromiso con la verdad, el bien común y el honor, y le decimos a todos los que nos leen, nos ven y nos escuchan, que no nos callaremos, porque el silencio es complicidad!”
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