El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La desaparición es una práctica que en nuestro país alcanza número endémicos. Según las cifras oficiales, dadas a conocer más recientemente, hay en nuestro país 30 mil desaparecidos, pero es difícil dar una cuenta exacta de los casos de desaparición forzada porque el gobierno tipifica en la misma categoría a personas no localizadas y personas desaparecidas por fuerzas del Estado. Por lo que es imposible medir el alcance de dicha práctica.
Al momento que esto ocurre en nuestro país, el Senado discutió y aprobó la Ley Contra la Desaparición Forzada que ha pasado al Congreso para ser ratificada, una ley que dados los alcance de la misma está muy lejos de dar solución al problema, al contrario, propicia la impunidad al no contemplar acción penal contra mandos superiores que ordenen una desaparición.
Entre las principales carencias de dicha ley, es que no contempla un registro confiable que sólo contemple el seguimiento de casos en los que las fuerzas del Estado son responsables, algo que ya existe en el país.
Está también la falta de castigo a los altos cargos que estén detrás de dichos casos, lo que contraviene abierta y llanamente la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su artículo 6º. Lo que podría traerle al país una serie de sanciones y recomendaciones por parte de organismos internacionales.
Está también la falta de un banco de datos forenses confiables, y un seguimiento completo a los casos de desaparición. Dicha ley sólo pretende en el mejor de los casos dar con el destino último de la víctima, sin hacer una investigación completa que permita hacer una línea de tiempo y registro de los lugares en los que estuvo la víctima, es decir que la ley prohíbe la inspección de cuarteles y campos militares entre otros.
A pesar de que el Estado Mexicano reconoce los 500 casos de las víctimas de la «Guerra Sucia», la ley no contempla una instancia que dé seguimiento a dichos casos, los que algunos ya alcanzan casi los 50 años de impunidad.
Es imposible que el Congreso apruebe una ley sin tomar nota de todos estos elementos, lo que menos necesitamos en el país es otra ley aprobada pero que por su falta de alcances no de solución al problema que se pretende atacar y nos impida avanzar en dicha materia.
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