El enfrentamiento entre Chihuahua y la Federación ha sido virulento y revelador. Se han resuelto asuntos importantes para Chihuahua pero sigue pendiente lo fundamental para el país: la discrecionalidad de las aristocracias hacendarias.
En el trasfondo está un hecho: tuvimos alternancia sin consecuencias. Cambiaron las personas, pero se resguardaron reglas tan fundamentales para el viejo régimen como el manejo discrecional de los presupuestos. El abuso ha sido minimizado casi todo el tiempo. Hay una excepción digna de mención.
El consejero del Instituto Federal Electoral Alonso Lujambio se tomó en serio el combate a las transferencias ilegales de dinero para las campañas electorales. Las multas millonarias por el Pemexgate y los Amigos de Fox (2003) siguen siendo pendón de lo que pudo haber sido. Para frenar el cambio, los partidos –PAN, PRD, PRI y Partido Verde– hicieron una degollina con los consejeros; corrieron a todos en 2003 y desde entonces los partidos se aseguran que la mayoría esté domesticada.
Se hizo costumbre encarcelar a personajes corruptos dejando intacta la facultad estructural. Esta realidad se visibilizó cuando Chihuahua sacó a la luz la discrecionalidad del Ramo 23 (extensiva a otros Ramos). Según cifras de María Amparo Casar, la Cámara de Diputados aprobó para 2016 un presupuesto de 140 mil millones de pesos, pero Hacienda terminó ejerciendo 246 mmp. De esa masa gigantesca de dinero, tal vez salieron los millones triangulados en Chihuahua para financiar campañas priistas. El enfrentamiento ha sido mediático, retórico y judicial.
Un momento culminante fue la marcha encabezada por Javier Corral. Antes de que concluyera, Corral dialogó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.
Hubo acuerdo. La Federación entregará los 900 millones de pesos retenidos a la entidad y la Procuraduría General de la República se tomará más en serio la petición de extradición de César Duarte. Chihuahua aceptó que el testigo clave, Alejandro Gutiérrez, sea trasladado a una prisión federal y suspendió la controversia constitucional.
Probablemente por ese entendimiento, el gobernador de Chihuahua redujo la beligerancia de su discurso. En las palabras que pronunció en el Hemiciclo a Juárez se olvidó del peyorativo término de «aristocracia hacendaria» y simplemente anunció que «pronto convocaré en Chihuahua a una asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente».
Tal vez por este propósito se reiniciaron las hostilidades. El «sistema» (en el cual participan varios partidos) defenderá con toda su energía la discrecionalidad opaca que tanto poder ha dado a los funcionarios encargados de las finanzas. Estamos hablando de la llamada «tecnocracia». Benjamín Hill salió a defender el honor de ese gremio y se quejó: «la palabra tecnócrata […] se ha querido convertir en una especie de insulto» (El Financiero, 23 de enero de 2018).
Más que insulto es una descripción de hechos. Hay por supuesto integrantes de ese gremio con ética impecable pero los «tecnócratas» se han construido una pésima reputación desde que Carlos Salinas privatizara el sector público de la economía y contribuyera al catastrófico «error» de diciembre. Desde entonces han seguido multiplicándose las decisiones financieras tomadas con criterios políticos o electorales que terminamos pagando los contribuyentes. Es un desajuste estructural que debilita al Estado de derecho y contamina la democracia.
Al país le conviene que Corral se mantenga firme y siga encabezando el combate a la discrecionalidad financiera. Cuenta, para ello, con el sólido respaldo de buena parte de la sociedad organizada. Como ejemplo está la coalición encabezada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana (TM), entre otros.
Javier Corral tiene el mérito de llamar la atención sobre los excesos cometidos por la aristocracia hacendaria. Corresponde a la sociedad organizada presionar para que el tema siga en el centro del debate. Se justifica. Es uno de los capiteles que dan sustento a la gran corrupción.
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.
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