El exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, cuenta desde este día con un dispositivo de geolocalización en su pierna derecha para ser ubicado por las autoridades cuando salga de prisión, publica Reforma.
«El aparato le fue puesto durante una audiencia celebrada por el Juez de Control Eduardo Alexis Ornelas Pérez en la Sala 3 de la Ciudad Judicial, en la capital del Estado, pero se activará hasta que se determine su libertad, debido a que sólo se le revocó la prisión preventiva por el caso local», señala el diario.
Falta que se resuelva el caso federal del presunto desvío de 250 millones de pesos, del que la Procuraduría General de la República se desistió de ejercer acción penal.
«Se lo pusieron solamente, se prenderá cuando pudiera salir en libertad, cosa que aún no sucede», puntualizó Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Estado, citado por Reforma.
A su vez, el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, recalcó que está suspendida la resolución con la que quedaría sobreseído el proceso, hasta en tanto resuelva un Tribunal Unitario, según la nota.
Aun así, Gutiérrez ya tendrá puesto el geolocalizador, medida cautelar que se le impuso como parte del proceso del fuero común.
El 11 de septiembre, el Juez Ornelas Pérez revocó la prisión preventiva al ex secretario priista y ordenó colocarle el dispositivo electrónico en una pierna, una fianza de un millón de pesos y la prohibición de salir de la Ciudad de Chihuahua, por el proceso que se le sigue en el fuero común por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos.
El 10 de septiembre, una Jueza federal de Chihuahua ordenó dar cumplimiento a un amparo concedido el 30 de agosto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Chihuahua, que revoca la prisión preventiva contra Gutiérrez, y el cual es inapelable y tiene que ser cumplido.
Gutiérrez, preso desde diciembre de 2017 en el Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán, enfrenta dos procesos penales de presunto peculado agravado.
El primero es uno federal por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones supuestamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y después fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.
Los otros 4 millones son por servicios no prestados por una empresa suya.
La PGR desistió el 31 de agosto seguir adelante con la acusación.
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