Tras casi ocho horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de cinco leyes, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
El pleno lo aprobó en lo general con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones; y posteriormente en lo particular con 258 votos en pro, 67 en contra y 18 abstenciones.
El documento fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Las leyes que se reforman son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).
El dictamen adecúa estos ordenamientos legales con la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 febrero de 2017 y con diversos tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores.
Entre dichos pactos están los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico y el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que aún debe ser ratificado.
El documento surgió de 14 iniciativas presentadas por diputados federales y una senadora, entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Cuatro fueron de Morena, dos del PAN, dos del PRI (una de la senadora Sylvia Beltrones Sánchez), tres del PES, dos del PT y una de MC.
Entre otras acciones, establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que hoy dependen de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, para crear los tribunales laborales que formarán parte de los Poderes Judiciales federal y estatales, en concordancia con la reforma constitucional de febrero de 2017.
Crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Su ley orgánica deberá ser expedida por el Congreso en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.
Fortalece la democracia sindical bajo los ejes de rendición de cuentas y transparencia, y se establece el proceso de selección de líderes sindicales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto.
Incluye garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales, para que no pueda ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar o no, parte de un sindicato, federación o confederación.
Atiende el régimen de los trabajadores del hogar, al estipular la obligación de los patrones de éstos a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pagar las cuotas correspondientes.
Pleno acepta siete reservas
La discusión inició a las 13:22 horas, luego de que la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, hizo la declaratoria de publicidad del dictamen y consultó al Pleno si autorizaba someterlo de inmediato a discusión y votación, lo cual fue aprobado.
La fundamentación del dictamen la hizo el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, e inmediatamente, por separado, las diputadas Abril Alcalá Padilla (PRD) y Ana Priscila González García (MC) presentaron mociones suspensivas, las cuales fueron desechadas.
Tras la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y luego diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
El dictamen fue votado en lo general a las 16:30 horas e inmediatamente se procedió a la discusión de 104 propuestas de modificación, presentadas por legisladores de Morena, PAN, PRI, MC, PRD y diputados sin partido.
De estas reservas, fueron aceptadas siete que presentaron los diputados Rubén Cayetano García (Morena), Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena), Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN), Ricardo García Escalante (PAN), Raymundo García Gutiérrez (PRD) y Fernando Torres Graciano (PAN).
De ellas, destacó la de Arriaga Rojas, que reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo para estipular que el patrón no podrá descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales, salvo que éstos manifiesten su consentimiento por escrito.
La votación en lo particular se realizó a las 21:00 horas.
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