Un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado cometido por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, revocó la pena impuesta de tres años por un Juez de Control y la aumentó a seis años.
El exsecretario General Adjunto del CEN del PRI, uno de los artífices de la Operación Safiro en Chihuahua -que consistió en el desvío de recursos públicos a campañas electorales priistas-, deberá volver a prisión, ya que el Tribunal también revocó la condena condicional que actualmente gozaba el sentenciado.
En un mensaje a los chihuahuenses, indicó que el Magistrado, mediante resolución y en audiencia pública, señaló un plazo de cinco días para que comparezca ante el Juez de Control para ser internado en el Centro de Readaptación Social y en caso de no hacerlo, se le considerará prófugo de la justicia.
“Hoy se da un paso más en Justicia para Chihuahua en contra de los corruptos, y se le imponen seis años de prisión, sin beneficio legal alguno, por lo cual deberá cumplir su condena en prisión. La maquinaria de corrupción de Peña Nieto, queda una vez más al descubierto”, expresó el mandatario.
Javier Corral consideró que seguramente el sentenciado, promoverá algún medio de impugnación con lo que pretenda retardar la acción de la justicia.
“Muchos lo han hecho así, han preferido hacer uso de argumentos o distraer la atención sobre lo medular de sus conductas. Lo que es innegable es que bajo la sombra del anterior titular del Ejecutivo, muchos se beneficiaron y por ello, deberán responder a los chihuahuenses tarde o temprano, por el dinero que se le arrebató al pueblo de Chihuahua mediante actos de corrupción y que nosotros poco a poco ya estamos recuperando”, explicó.
Dijo que la Operación Justicia para Chihuahua ha logrado ya, hasta esta fecha la recuperación de más de 600 millones de pesos y la próxima administración se beneficiará de entre 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos, derivados de las actuaciones fiscales, penales y administrativas, tanto por la reparación del daño, como por los bienes asegurados e incautados.
Destacó que Justicia para Chihuahua sigue con los argumentos de la ley y con la recolección de evidencia y datos de prueba suficientes.
“Así se ha hecho en todos los casos, a pesar y muy al pesar de quienes ocultan o niegan sus conductas, nadie por encima de la ley”, indicó.
Al inicio de su mensaje recordó que la Operación Safiro, cuyo esquema se documentó ampliamente en Chihuahua en el caso contra Gutiérrez Gutiérrez, es el precedente de otra estrategia para el desvío de recursos, ambos casos emblemáticos de la corrupción política.
“La Operación Safiro y la Estafa Maestra se encuentran hermanadas”, dijo.
“La mecánica fue la misma, asignar recursos a entes de la administración pública, para después sacar, desviar, esos recursos para campañas electorales y seguramente para la riqueza personal de unos cuantos”, expresó.
Dijo que la Operación Safiro se centró en recursos que derivaron de fondos como el ramo 23 con destino a Gobiernos Estatales, mientras que La Estafa Maestra se dirigió hacía entidades de la administración pública federal a través de universidades y en ambos casos, jugaron un papel relevante las empresas factureras.
En el Estado de Chihuahua desde hace ya cuatro años denunciamos públicamente esta estrategia de desvíos, pero además, en la estrategia que denominamos Justicia para Chihuahua, esas denuncias dieron lugar a investigaciones ante el Ministerio Público.
“Es en Chihuahua donde se puso al descubierto el esquema del Gobierno de Peña Nieto para usar a través de la Secretaría de Hacienda, los recursos para campañas y el uso de empresas factureras de operaciones simuladas, las EFOS o empresas fantasmas, como también son conocidas estas factureras” detalló.
También señaló que el costo político lo tuvo que asumir Chihuahua al llevar a cabo la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los artífices de la Operación Safiro, quien permaneció preso y que fue el centro protagonista de un diferendo con la Federación y la entonces PGR a cargo de Elías Beltrán.
Indicó que entonces llegaron al extremo de torcer la ley y arrebatar al Estado de Chihuahua primero la competencia, y luego la calidad de víctima.
“Ese asunto, añadió, todavía se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el Gobierno del Estado reclama el derecho sobre más de 240 millones de pesos que nos quitaron”, refirió.
Dijo que en la Jurisdicción del Estado quedó una carpeta por un componente menor en cuantía, pero de la misma relevancia por el esquema de la Operación Safiro operado por Duarte en el Estado, como lo hicieron otros gobernadores en sus entidades.
Agregó que en ese asunto, Gutiérrez Gutiérrez fue hallado culpable del delito de peculado agravado, y por lo tanto se le dictó una sentencia condenatoria de tres años. Sin embargo, señaló, por el número de años de prisión se le facilitó obtener una condena condicional y en consecuencia cumplir la condena en libertad.
Entonces, indicó, la Fiscalía General del Estado se inconformó por esa decisión que le impuso una condena menor que le permite tener beneficios y hoy se logra la resolución del Tribunal de Apelación del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua.
