Acompañado de 23 alcaldes de Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado interpuso una demanda de controversia constitucional en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para exigir que se devuelvan los recursos del Fondo Minero a los municipios para inversión en infraestructura.
Corral fue acompañado de alcaldes de todos los partidos. con excepción de Morena. Entre ellos, el independiente Alfredo Lozoya, de Parral, y la panista Maru Campos, de Chihuahua.
También asistió el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Maclovio Murillo Chávez.
Javier Corral anunció que este mismo día entregará una carta a López Obrador en la que piden que se rectifique la decisión de apropiarse de los recursos del Fondo Minero.
Chihuahua pierde 450 millones de pesos con el «agandalle» del gobierno federal, pero en el país son 3 mil 200 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable.
Maru Campos dijo que se está perdiendo Chihuahua la posibilidad de crear infraestructura, de pavimentar calles, de obras de agua potable y comunidades que lo necesita,
Noel Chávez Velázquez, alcalde priista del municipio serrano de Guadalupe y Calvo, dijo que pierden la oportunidad de invertir 46 millones en obras de infraestructura para sacar del rezago de cientos de localidades.
Estamos de acuerdo con los programas sociales, pero también tenemos que armar la balanza con obras de infraestructura social para hacer que estas comunidades vivan de manera justa, dijo.
Se trata de rescatar lo que por ley se realizó en 2014, indicó.
“Este fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República y ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas a microcréditos a la palabra”, dijo el gobernador Javier Corral a los medios de comunicación que acudieron a las instalaciones de la SCJN en la Ciudad de México.
El gobernador y los alcaldes fueron acompañados por legisladores federales, el senador Gustavo Madero, diputados locales, funcionarios del Gobierno del Estado y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.
Además del recurso, se presentó una carta en la que se solicita audiencia al presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, para que escuche el planteamiento y lo que los alcaldes tienen que decir, respecto al manejo de los recursos de ese Fondo y su aprovechamiento en las localidades municipales.
“Se ha dicho, de manera inexacta, que los alcaldes integraban ese dinero en su presupuesto municipal. Es ignorancia o es mala fe, porque había un Comité con representación que valoraba y autorizaba los proyectos”, señaló Javier Corral luego de presentar la primera de las demandas.
Al explicar ante los medios de comunicación de la Ciudad de México en qué consiste el Fondo Minero, el gobernador indicó que se trata de un fideicomiso que se creó a partir del 2014 por iniciativa del Senado de la República.
Mediante esta iniciativa se impuso que las compañías mineras que operan en el país pagaran un 7.5 por ciento de impuesto por los materiales que son extraídos, para que esos recursos, a través de un fondo, se aplicaran en obras de beneficio de las comunidades en donde operan las minas.
De esa forma, el Fondo Minero que hasta el 2018 era administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), concentraba los recursos y que para 2019 estaban presupuestados alrededor de 3 mil millones de pesos.
Gracias a este fondo, en 28 de los municipios mineros de Chihuahua se han construido 330 obras de infraestructura como pavimentación, agua potable, de salud y educación, entre otras, con una inversión de mil 278 millones hasta 2017.
“Ahora acudimos ante la Corte para que esta medida sea rectificada, se restaure el sentido y espíritu original de este fondo que fue fruto de una lucha federalista, diría yo municipalista en el Senado de la República”, señaló el gobernador.
Añadió que se busca que estos recursos regresen a infraestructura básica, no para programas asistenciales como pretende el presidente de la República, sino para infraestructura urbana, construcción de plazas, pavimentación, acciones para el deporte, la salud y la vivienda.
“Es importante atajar ese acaparamiento de recursos porque se está instalando una regresión al autoritarismo y vulnerando el federalismo; se tiene que dar la batalla con decisión, porque esto va a ir creciendo”, advirtió el gobernador.
Aclaró que no se oponen a los programas asistencialistas, pero que se hagan con recursos propios del Gobierno Federal y no afectando este tipo de fondos que son de mucho beneficio para los municipios como los que ahora presentan la demanda.
Informó también que se presentaron las Controversias Constitucionales en el último día antes del vencimiento del plazo, pero que esperaba que más alcaldes de Zacatecas y de Sonora, que ya han solicitado asesoramiento, acudan a presentar el recurso.
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