Este martes 15 de enero quedará formalmente instalada la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa”, cuya creación fue decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 4 de diciembre de 2018, durante su primer acto como gobernante de México.
El presidente López Obrador explicó que con dicha comisión se pretende “dar todas las facilidades, por parte del gobierno federal, para que la Fiscalía General de la República pueda investigar la desaparición delos estudiantes de la Escuela Norma del Ayotzinapa con plena autonomía
Dicho decreto presidencial establece que todas las instancias del Poder Ejecutivo federal colaboren en cualquier situación que les sea solicitada, como parte de las investigaciones en torno al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa (víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014), y el órgano que garantizará dicha colaboración será la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia”.
Por su parte Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –asesor legal de las familias de los normalistas–, expuso que la creación de esta Comisión es necesaria, ya que, durante la pasada administración federal, “las instancias ordinarias de investigación penal se enfrentaron muchas veces con obstáculos que tenían una naturaleza más bien política”.
Explicó, por ejemplo, que “cuando el Ministerio Público pedía cierta información a determinada autoridad, para la dependencia que tenía que contestar era muy fácil decir ‘no lo tengo, no existe, adiós’; eso pasó con el Cisen, pasó con la Sedena, pasó con la Policía Federal, y con otras instancias de gobierno, entonces, es muy importante que exista un mecanismo formal de coordinación política, que será la comisión presidencial, que impulse las gestiones necesarias para acceder a la verdad”, detalló Aguirre.
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