Enrique Peña Nieto intentó inútilmente, en su último Informe, limpiar su nombre. No sé quiénes le vayan a perdonar sus graves errores en el manejo de la seguridad pública y de la política exterior, violencia desbocada y entreguismo a Donald Trump, pero estoy cierto de que la inmensa mayoría de las y los mexicanos lo recordará como el presidente de la corrupción. Y es que la percepción de que en su gobierno abundaron las corruptelas no derivó de un problema de comunicación, como él insiste en pregonar, sino de una realidad abrumadora. De hecho, lo que sabe la opinión pública en torno a las trapacerías cometidas a lo largo de su Presidencia es apenas la punta de un iceberg cuya gigantesca base se hará paulatinamente visible.
Tengo para mí que al presidente Peña Nieto le ocurrirá lo que al trío de jóvenes gobernadores que él mismo presentó orgullosamente como emblema del “nuevo PRI”. Lo que se conoció de las satrapías de Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte durante sus gestiones es poco comparado con lo que se sabe ahora. Una vez concluidos sus sexenios, y gracias a la alternancia en sus estados, se fueron develando las tramas y la magnitud de sus fechorías, y su exposición en los medios y las redes generó tal presión social que al gobierno federal no le quedó más remedio que actuar penalmente en su contra. Cierto, la Procuraduría General de la República manejó los expedientes de tal manera que no tuvieran que pasar mucho tiempo encerrados, pero no se libraron de pisar la cárcel. Así, el #priñanietismo amortiguó temporalmente el reclamo popular.
Salvo… Salvo en uno de los tres casos: al Duarte que «gobernó» Chihuahua no se le ha llevado ante la justicia. La PGR ha tenido para con él una mayor dosis de su proverbial benevolencia con los gobernantes de casa y la Cancillería, tan cercana a los afectos del actual gobierno de Estados Unidos, se muestra sorprendentemente incapaz de extraditarlo. Pareciera que los actos de corrupción que cometió en perjuicio de los chihuahuenses son evidentes para todos menos para su defensa y para las autoridades federales (perdóneseme la redundancia). Aunque la PGR haya dejado resquicios legales para facilitar la liberación de los otros dos exgobernadores, ambos fueron traídos a México con relativa celeridad y están en prisión. No así César Duarte, quien sigue prófugo pese a las múltiples órdenes de aprensión libradas por la Fiscalía de Chihuahua.
¿Por qué? Hay varias explicaciones posibles. Algún #priñanietsta heroico podría decir que los héroes están fatigados, que la voluntad justiciera de la República se agotó en los escándalos de Veracruz y Quintana Roo (ese agotamiento tendría que hacerse extensivo a la Casa Blanca, la de Malinalco, Odebrecht, la Estafa Maestra y muchos otros casos, pero esa versión no repara en detalles). Un ciudadano suspicaz sospecharía que hay algo en las trastadas cesaristas que resultaría más comprometedor para el presidente que las de los otros dos niños feudales, y que hay un ingrediente de castigo al gobernador Javier Corral por haberse atrevido a desafiar el pacto de impunidad que ha prevalecido en el establishment mexicano por casi nueve décadas. Lo cierto es que, al día de hoy, existe al menos un intocable en México, y que quienes lo protegen (y contragolpean escamoteando recursos que corresponden a ese estado) no perjudican a Corral sino a todos los chihuahuenses y, en última instancia, ofenden a los mexicanos.
Quiero creer que el entuerto se desfacerá pronto. Quizá el gobierno de Peña Nieto se salga con la suya en el caso Gutiérrez, pero confío en que el gobierno de López Obrador le retirará la protección al intocable de Chihuahua y honrará su dictum: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.
@abasave
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