El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Oficial y dijo que con ella se pretende impedir que entre en vigor la Ley General de Comunicación Social, el 1 de enero de 2019.
El proyecto incluye un sistema de propaganda oficial, “que distribuya el tiempo de radio y televisión, el tiempo del Estado, a las entidades federativas”, dijo el diputado.
El Artículo 28 propuesto estipula:
«Es facultad de la Secretaría de Gobernación supervisar, administrar y distribuir los tiempos oficiales en radio y televisión, conforme a lo siguiente:
«I. 35 por ciento para el Poder Ejecutivo federal;
«II.10 por ciento para el Poder Legislativo federal, tiempos que se distribuyen en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República;
«III. 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación;
«IV. 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales;
«V. 35 por ciento para las entidades federativas;
«Los tiempos oficiales que le corresponden a las entidades federativas sólo operan dentro del área geográfica de la entidad. Cuando un medio de comunicación abarque total o parcialmente dos o más entidades y sea imposible realizar un bloqueo regional para emitir dos o más señales, la Secretaría de Gobernación distribuye el tiempo oficial correspondiente entre tales entidades federativas de conformidad con los lineamientos que emita».
“Ésta es una ley completa, reglamentaria de la Constitución, que tiene como propósito impedir que entre en vigor, el primero de enero, una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura”, indicó en tribuna.
Gómez Álvarez se refirió de manera implícita a la Ley General de Comunicación Social que aprobó la anterior legislatura en abril pasado, se publicó en el mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el 1 de enero del 2019.
Comentó que su iniciativa, que también reforma eal artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la finalidad de evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal y eliminar el incremento a partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal.
El diputado de Morena sostuvo que la Ley de Comunicación Social “es una tomadura de pelo” porque “tomó normas del presupuesto y de algunas otras cosas que están dispersas”, para dar respuesta a la fecha límite que estableció en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su aprobación.
“El Congreso claro que le tomó el pelo a la Corte, porque cumplió con el plazo para expedir la ley, pero le puso un transitorio que decía que esa ley entraría en vigor el primero de enero (de 2019), o sea, que violó el plazo”, añadió el legislador.
Aseveró que la iniciativa que presentó “sí es una ley de propaganda oficial, una ley general”, que incluye a las autoridades estatales porque “también hacen propaganda en radio y televisión”.
“De lo que se trata no solamente es de limitar el gasto en propaganda, sino que la propaganda cumpla con la norma constitucional”, que prohíbe “publicar, en forma de noticias, anuncios de los gobernantes”.
“Está prohibida la propaganda personalizada, ya sea con nombre, símbolo, cara, alusión; cualquiera de un servidor público, cosa que se viola con la Gacetilla”, añadió.
Gómez Álvarez aseguró que hay gobernadores, “como el de Guerrero, que todos los días aparece en los periódicos de la capital del país….porque paga con dinero que no es suyo”.
“Hay que acabar con eso y hay que regular también las sanciones penales de quien lo haga”, aseveró.
“Estamos planteando que haya una distribución correcta, equitativa, de la propaganda oficial hacia los distintos medios. Que no haya discriminación ni favoritismo y que las unidades de la administración pública que realizan propaganda para vender productos o sorteos, o cosas de ese tipo, puedan hacerlo en los términos estrictamente comerciales”, agregó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
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