La violencia en contra de defensores ambientalistas en México, ha incrementado de manera alarmante en los últimos dos años, luego que pasó de 3 al 15 muertes, 13 de éstos eran indígenas. Lo más preocupante es la clara colusión que existe en este tipo de casos, entre empresas y autoridades, así como la presencia del crimen organizado.
La información fue dada conocer en un informe elaborado por la organización Global Witness que desde 1993 lleva a cabo campañas contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos en todo el mundo.
En su informe llamado “A qué costo” (At What Cost?), la organización revela que es la minería, la actividad con que más se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida de los proyectos de infraestructura, indica, en la presentación del reporte mundial en México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo que reúne a Serapaz, Grupo Poder, Cemda y Oxfam, entre otras organizaciones, que han trabajado el tema en años recientes.
En un mensaje, Ben Leather, representante de la organización sostuvo que 2017 fue el año más sangriento a escala global en ataques a defensores ambientales.
Indicó que, en muchos casos, se ha detectado la intervención de fuerzas policiales y militares en los ataques contra los ambientalistas, quienes sufren de hostigamiento a amenazas de muerte.
Señaló que en México, el mayor problema es la impunidad, lo que lleva a que los responsables directos e indirectos de asesinatos contra defensores ambientalistas se sientan con la libertad de matar sin enfrentar consecuencia alguna. Las comunidades mexicanas no tienen garantías para usar o no sus recursos naturales.
Los activistas que trabajan temas sobre tierra y defensa del ambiente enfrentan riesgos, porque cuestionan los grandes intereses económicos.
Como ejemplo puso a Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A. C., que trabaja en el municipio Guadalupe Hidalgo, al sur de Chihuahua, y la sierra Tarahumara, y quien por años ha denunciado el despojo y la violación a los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad con la que se sigue actuando en le región.
Recordó que en nuestro estado en 2017, se registraron varios asesinatos. Por ejemplo el de Juan Ontiveros, en febrero, tras participar en mesas de trabajo con autoridades agrarias y ambientales. Dos semanas antes mataron habían matado a Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman.
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