La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la implementación de medidas cautelares para impedir la desprotección por falta de recursos económicos de 727 personas beneficiarias amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP).
«Mediante sendos oficios que estará dirigiendo a esas dependencias, este Organismo Nacional subraya que dichas medidas administrativas y económicas tienen como finalidad evitar la consumación irreparable de violación a los derechos humanos o la producción de daños de difícil o imposible reparación», informó la CNDH.
Al conocer por distintos medios informativos que la SEGOB y la SHCP hasta ahora han incumplido, al no tenerse elementos que acrediten lo contrario, su compromiso de asignar 75 millones de pesos al Mecanismo para mantener medidas de protección por el resto de este año, la CNDH «consideró que se actualizan los elementos de gravedad, urgencia e inminente daño irreparable, al posibilitar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas beneficiarias y en algunos casos también de sus familiares, llamó a las citadas instancias a honrar el compromiso público que en ese sentido hicieron el pasado 19 de septiembre».
Previamente, la CNDH se pronunció en distintas ocasiones sobre la situación que enfrenta el Mecanismo de Protección, cuyo fideicomiso contaba con recursos suficientes para los primeros meses del presente año, situación ante la cual el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó mediante oficio de fecha 28 de agosto al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, que destinara recursos necesarios para que el Mecanismo estuviera en posibilidad de proteger a sus beneficiarios durante 2018, y se programara oportunamente el presupuesto para 2019.
El pasado 19 de septiembre, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, señalaron públicamente que el Gobierno federal se comprometía a depositar, antes de finalizar el mes de septiembre, la cantidad de 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo para cubrir con las obligaciones de protección durante el resto del año.
Pese a ello, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, adscrita a la Secretaría de Gobernación, ha informado a los demás integrantes de la Junta de Gobierno, incluida la CNDH, que no se ha recibido ningún recurso en el fideicomiso, por lo que a partir del presente mes de octubre no será posible pagar a la empresa proveedora las medidas que día con día protegen a 727 beneficiarios, entre periodistas y personas defensoras, que en muchos casos dependen de las mismas para poder realizar sus actividades.
«Para esta Comisión Nacional es lamentable que, pese a la situación de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras en el país, de lo que oportunamente ha informado este Organismo Nacional, y que está establecido en la ley, el Gobierno federal no asuma con total seriedad y compromiso la tarea de proteger a quienes integran ambos colectivos, y de cuya labor depende que la sociedad cuente con información suficiente sobre distintos temas o que se constituyen en la voz de diversos colectivos y temáticas que buscan reivindicar y garantizar los derechos de todas y todos en el país», señala el organismo.
La solicitud de medidas cautelares de la CNDH tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará con atención la actuación de la SHCP para que debido cumplimiento a lo establecido por la ley.
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