Es inadmisible y oprobioso para el pueblo chihuahuense la protección que recibe por parte de la Federación, el exgobernador César Duarte presuntamente implicado en una larga serie de delitos que incluye el desvío de recursos y la triangulación de 250 millones de pesos con la ayuda de la Secretaría de Hacienda, que fueron a parar en manos del PRI nacional.
El gobierno federal en lugar de ordenar la localización y captura del ex gobernador que tiene once órdenes de detención por desvío de recursos, castiga al estado deteniendo 700 millones de pesos acordados desde el 14 de diciembre del año pasado.
Esto ha movido al gobernador Javier Corral a desafiar al Gobierno Federal, y ha decidido convocar una marcha hacia la Ciudad de México.
Todo esto en año electoral, se puede prestar a otras lecturas, pero no hay que olvidar que los esfuerzos por llevar a la justicia al ex gobernador César Duarte y resarcir los daños al erario público en el estado llevan más de un año. Si esto se ha retrasado, es por la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a darle a Duarte el mismo trato que a Javier Duarte, o Tomás Yarrington o a Roberto Borge, ex gobernadores, todos ellos implicados en delitos de corrupción en sus respectivos estados.
Chihuahua está nuevamente en el ojo del huracán, como lo ha estado a lo largo del todo el siglo XX, en nuestro entidad se han dado las grandes cruzadas que trajeron las más importantes transformaciones a nuestro país, desde la Revolución Mexicana hasta la lucha por la apertura democracia en los años ochenta.
Esta oportunidad que se nos presenta a los chihuahuenses nuevamente, puede ser, lo que traigan los cambios urgentes que requiere nuestro país en su lucha contra sus grandes males: la corrupción y la impunidad instaladas en los distintos niveles de gobierno.
Mientras todo esto se desarrolla, la pregunta está en el aire: ¿Qué sabe César Duarte, que el Gobierno federal no tiene prisa por extraditarlo?
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