Empecinado en mantener un pacto de impunidad política para proteger al exgobernador César Duarte Jáquez, el presidente Enrique Peña Nieto no vacila en meter las manos al fuego para dejar sin castigo a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en la triangulación de recursos públicos al PRI.
Esa defensa, no obstante, puede costarle a Peña Nieto ser llevado ante tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción, como ofreció el gobernador Javier Corral Jurado.
Desde que fue capturado el 20 de diciembre de 2017, el gobierno federal ha maniobrado en sintonía con la defensa del exsecretario general Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Desde la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, junto la defensa, promovieron el traslado del político priista de un penal estatal a un penal federal, sin éxito.
Después acusaron a las autoridades estatales de torturar a Gutiérrez Gutiérrez, un señalamiento que adoptó el entonces precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
El 9 de enero, José Antonio Meade, declaró: «Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta».
Sin embargo, la aplicación del examen conocido como Protocolo de Estambul demostró que no era verdad que Gutiérrez Gutiérrez fue torturado.
El más reciente intento por brindar protección a La Coneja, por parte del gobierno federal, es la petición para juzgarlo en el ámbito federal por la triangulación de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.
El 7 de abril, el Décimo Tribunal Colegiado, con sede en la Ciudad de México, resolvió que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sea puesto a disposición de un juez federal por la causa penal que llevaba un juez del estado de Chihuahua.
Sin embargo, el priista también es procesado por otro delito, por lo que no podrá ser entregado a un juzgado federal hasta que concluya el caso.
La Fiscalía General del Estado lo acusó de concertar con exfuncionarios de la pasada administración el presunto desvío de un millón 740 mil pesos, en diciembre de 2015, «simulando la prestación de servicios», a través de contratos otorgados a las empresas Promotora de Señalamiento Integral SA y Jet Combustibles, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez y de su hijo.
Para el Gobierno del Estado, las acciones para dilatar la extradición de César Duarte involucran a la propia PGR para maniobrar en beneficio de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, gracias a que se le pretende llevar ante un juez a modo, Gerardo Moreno García, quien también lleva el caso de Javier Duarte en Veracruz.
Existe toda una operación que pasa por la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, tanto para dilatar la extradición de César Duarte, como para tener el control del proceso contra Gutiérrez, ante el temor de que la cárcel lo doble y hable sobre el esquema de desvío de recursos públicos que se utilizó en otros estados del país, además de Chihuahua, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.
EL HOMBRE DE MANLIO
Exdiputado federal y exsenador de la República, el empresario coahuilense es considerado uno de los principales operadores políticos de Manlio Fabio Beltrones, uno de los representantes más visibles del viejo sistema priista mexicano.
La Coneja fungió como coordinador de asesores de Beltrones, cuando el sonorense coordinó al Grupo Parlamentario del PRI en las cámaras de Diputados y de Senadores.
Después, entre 2015 y 2016, cuando Beltrones fue dirigente nacional del PRI, Gutiérrez Gutiérrez ocupó la Secretaría General Adjunta del Comité Ejecutivo Nacional.
El 20 de diciembre pasado, en un reportaje publicado en la portada del influyente diario The New York Times, los periodistas Azam Ahmed y J. Jesús Esquivel exhibieron la triangulación de recursos públicos al PRI, en complicidad con funcionarios federales.
«Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016», según el texto.
«El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados», explican los periodistas.
En ese momento, según el New York Times, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016.
«Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control», indica.
De acuerdo con los registros revisados por The New York Times, «millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo».
«Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario».
«Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido», se explica en el reportaje.
«Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan», escribieron los periodistas.
Uno de esos funcionarios, Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Hoy está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años, relató el periódico.
LAS MENTIRAS DE LA SEGOB
Hace un año, el 31 de marzo de 2017, el Gobierno estatal presentó la primera solicitud de extradición de César Duarte ante la PGR.
Sin embargo, esa primera petición fue remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores 10 meses después, a finales de enero de 2018.
A la fecha, el exgobernador César Duarte acumula 12 órdenes de aprehensión, 11 en el fuero común y una en el ámbito federal, por la retención de una parte del sueldo a empleados estatales para entrar el dinero al PRI.
«La Secretaría de Gobernación ha mentido y engañado al pueblo de Chihuahua, al violar sistemáticamente los acuerdos alcanzados el 3 de febrero pasado entre su titular Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Javier Corral Jurado», informó el Gobierno del Estado en una carta pública.
«Los principales compromisos celebrados el 3 de febrero han sido ignorados con impudicia por parte del secretario de Gobernación, cuya firma vale menos que el papel que se utilizó para estamparla», indica el posicionamiento.
En la carta se agrega que la PGR «mantiene un proceso lento, tortuoso y plagado de chicanadas para dilatar la extradición de César Duarte Jáquez, como lo demuestran los hechos».
«No únicamente lo retrasa, lo pospone y lo congela, sino que ignora los tres casos más importantes por los cuales pedimos desde el 12 de septiembre de 2017 la detención inmediata con fines de extradición del exgobernador», señaló.
Se refiere a la triangulación al PRI de 250 millones de pesos; al pago irregular de 380 millones de pesos a la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, que era usada como caja chica por Duarte Jáquez; y, el pago de 120 millones de pesos a Kepler Soluciones Integrales.
Para el gobernador Javier Corral Jurado, el presidente Peña Nieto ha operado en forma descarada para que los principales casos investigados en la Operación Justicia para Chihuahua permanezcan impunes y se frene el proceso de extradición de César Duarte.
«Al presidente Peña Nieto, que ya se va, le urge cerrar varios de estos asuntos pero se le olvida que Chihuahua puede ser, frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política», dijo.
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