El gobernador del estado denuncia la retención de recursos para el estado como represalia del gobierno federal por la investigación de desvío de dinero para campañas del PRI
El combate a la corrupción que inició el gobernador Javier Corral rompió el pacto de impunidad de las elites de poder y exhibió el mecanismo mediante el cual la Secretaría de Hacienda federal ejerce un control político y económico sobre los estados.
La represalia económica de la SHCP contra Chihuahua, tras la captura del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exhibió ese mecanismo de uso discrecional de recursos públicos, contra el cual se suman voces en todo el país.
En resumen, a inicios de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda federal y el Gobierno del Estado firmaron cuatro convenios para el saneamiento financiero del Estado, como lo hace con todas las entidades federativas. Depositó los primeros recursos, el día 20 todo cambió.
Ese día, en Saltillo, Coahuila, fue detenido Gutiérrez Gutiérrez, señalado de participar en la triangulación de recursos públicos en contubernio con funcionarios de la anterior administración estatal que realizaron pagos a «empresas fantasma» con recursos federales extraordinarios y que presuntamente fueron a dar a las campañas electorales del PRI.
Entonces el flujo de recursos se detuvo.
Cuando Corral Jurado denunció públicamente el castigo al estado por parte de la SHCP, Gobierno federal inició un golpeteo en su contra.
«El caso Chihuahua ha desnudado a una tecnocracia simuladora, con métodos deplorables como el engaño y la distorsión; eso fue lo que hizo @VRubioMarquez al acusarme de extorsionar a la @SHCP_mx; ahora de nuevo al lado de @JoseAMeadeK. Tapaderas de un régimen corrupto y corruptor», escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.
En efecto, el domingo 14 de enero, durante una conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional de la Ciudad de México, la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez, declaró: «No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley».
Los recursos que no corresponden por ley a las entidades federativas «no se pueden politizar», agregó.
En el mismo evento, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, afirmó que no se pudieron transferir recursos a la entidad federativa porque la cuenta bancaria proporcionada por Chihuahua fue rechazada por el banco comercial.
Y cuando el estado de Chihuahua presentó la cuenta validada, ya no se pudo llevar a cabo la transferencia por la vigencia anual del presupuesto, dijo.
Dos transferencias, por 35.3 y 700 millones de pesos, no se pudieron efectuar porque no hubo disponibilidad presupuestaría para concretarlos, según el funcionario.
«Al día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017», aseguró.
En la misma conferencia de prensa, Galindo Favela expuso un nuevo condicionamiento.
Para que Hacienda pueda otorgar recursos extraordinarios este año al gobierno de Chihuahua a través de convenios, expuso, será necesario resolver la revisión judicial o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha advertido que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios.
El lunes 15 de enero, con excepción de Reforma, prácticamente todos diarios de la capital del país hicieron eco en sus titulares principales y en portada a la declaración de Rubio Márquez sobre la supuesta extorsión del gobernador al Gobierno federal, exponiendo así el control de la dependencia sobre los medios.
El 19 de enero, Vanessa Rubio Márquez dejó la subsecretaría de Hacienda federal para incorporarse como Coordinadora de Oficina del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, lo que alimentó las suspicacias sobre el uso partidista de la SHCP.
En «La tecnocracia en cueros», Jesús Silva-Herzog Márquez citó: «En el último año del gobernador Duarte, Chihuahua recibió 1,562 millones de pesos del llamado Ramo 23, cuya distribución no sigue regla alguna. Era, no es casual, año de elecciones. Un periodo después, ya sin gobernador priista el mismo estado recibió 62 millones de pesos. Absurdo pensar que hay una razón técnica detrás del castigo».
«Los tecnócratas que pretendieron elevarse por encima de las parcialidades de la política son hoy otra cara de la politiquería», escribió.
Cambiar el Régimen
El 24 de enero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un exhorto para que la Secretaría de Hacienda que transparente los convenios con los que se han transferido recursos a las entidades federativas en forma discrecional, a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero.
Tal fondo es parte del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El 28 de enero, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) poner fin a la discrecionalidad con la que maneja los recursos que entrega a los estados, publicó Reforma.
«En un pronunciamiento firmado por una veintena de agrupaciones –entre ellas, Causa en Común, IMCO, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– lamentaron que esos fondos sean usados políticamente para premiar o castigar a los Gobiernos estatales».
Según el documento citado, la SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales en el presupuesto y hacer adecuaciones presupuestales, incluso al Ramo 23.
Las organizaciones plantearon lo siguiente:
«Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno.
«Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados».
Caravana Contra La Corrupción
Corral Jurado inició en el puente internacional Libre, en Ciudad Juárez, la caravana y marcha De la Dignidad Unidos Con Valor contra la Corrupción y la Impunidad, que llegará a la Ciudad de México el 4 de febrero.
Los caravaneros demandan que Hacienda entregue 900 millones de pesos que en total adeuda a Chihuahua y que el presidente Enrique Peña Nieto extradite de inmediato al exgobernador César Duarte Jáquez, cuya protección por parte del Gobierno federal es lo que existe detrás de la represalia económica.
En Monterrey, Nuevo León, una de las 16 ciudades que fueron programadas para cruzar, Corral Jurado dijo que Chihuahua decidió «romper el pacto de impunidad, ese sistema de tapaderas, de complicidades, en el que unos y otros se tapan las corruptelas, el latrocinio».
«El pacto de impunidad que es capaz incluso de abrir procesos penales en contra de exfuncionarios o ex gobernadores, sin llegar a sus últimas consecuencias», explicó.
«Ese pacto de impunidad que prohíja, que cobija, que protege a los corruptos y que es transversal a partidos, a niveles de gobierno, a poderes de la unión, a sectores económicos, sociales».
«Un pacto de impunidad que tiene en México ya más de varias décadas y por el que vemos procesos de simulación en el seguimiento de saqueos, de conductas delictuosas», señaló.
Al analizar el caso Chihuahua, el investigador Alberto Aziz Nassif escribió que cuando la investigación «apuntó hacia redes de corrupción más amplias en donde Duarte fue una pieza clave, se llegó a demostrar que no se trata de un caso aislado, sino de un modelo general para triangular recursos al PRI».
«La secretaría de Hacienda castiga a Chihuahua por estas investigaciones; la PGR no pidió la detención del exgobernador hasta que se inició el movimiento», aunque sólo por tres de las 11 causas penales, explicó.
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