¿Quién integraba la red de corrupción de César Duarte Jáquez, actualmente prófugo de la justicia, y cuál era su modus operandi? La revista Proceso publica un extenso reportaje.
En su edición 2113, del 29 de abril de 2017, la revista cita los nombres de los operadores de Duarte Jáquez colocados en cargos clave, las dependencias desde las cuales se realizaban el saqueo a las arcas públicas y se endeudaba al estado.
El exgobernador César Duarte planeó paso a paso la estrategia para enriquecerse de manera ilícita a costa del patrimonio y el dolor de los chihuahuenses. Tejió –fino en algunas ocasiones y burdo en otras– una red de corrupción con funcionarios de varios niveles, parientes y empresarios elegidos desde antes de ser candidato del PRI a la gubernatura.
La Junta Central de Agua y Saneamiento y las municipales, la Comisión Estatal de Vivienda, Sustentabilidad e Infraestructura (Coesvi), las secretarías de Hacienda, Salud, Educación, Obras Públicas, la Consejería Jurídica y la Secretaría General fueron la plataforma para operar. Ahí colocó a colaboradores en puestos estratégicos desde los que era más fácil robar.
Otra dependencia a través de la que se planearon obras absurdas o con precios inflados fue Proyectos Especiales. En contraparte, la mayoría de los agentes de la Fiscalía General del Estado vivieron un infierno cuando les dejaron de dar uniformes, viáticos y debieron pagarlos de su bolsa, incluso el aceite para sus vehículos.
«Nos tenían trabajando casi las 24 horas, nos dejaban descansar sólo cuatro horas y nos vigilaban. En cada punto llegaban los comandantes cercanos a Rocha (Pablo Ernesto Rocha, exdirector de la Policía Estatal Única) iban a verificar que estuviéramos realmente despiertos. A veces cuidábamos para dormir un poco y turnarnos», recuerda un agente entrevistado. Se trataba de generar un ambiente de terrorismo, someter a los agentes y simular seguridad.
La primera legislatura que trabajó con César Duarte aprobó las primeras normativas a modo. Avaló las cuentas públicas sin observaciones, a pesar de las irregularidades exhibidas por políticos de oposición, académicos, medios de comunicación y activistas.
Y después de esos votos de confianza, varios diputados brincaron a cargos estratégicos: Enrique Serrano Escobar, coordinador de la bancada del PRI, fue alcalde de Juárez; Liz Aguilera García, quien era presidenta de la Comisión de Fiscalización, se convirtió en la secretaria de la Contraloría del Estado y posteriormente en secretaria general del PRI estatal (ahora también es investigada por omisión). Alejandro Lebarón fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y posteriormente como diputado federal; Brenda Ríos (del PVEM y esposa de Lebarón) devino delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Francisco Salcido fue nombrado director de Turismo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y coordinador de la campaña a la gubernatura de Enrique Serrano; Alejandro Domínguez fue presidente del PRI estatal y ahora es diputado federal; Jorge Abraham Ramírez (muy cercano a Duarte) fue designado director del Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Cispen) y posteriormente se convirtió en uno de los magistrados cuestionados por imposición y negociación entre el PRI y el PAN para proteger a Duarte; Gabriel Sepúlveda se volvió presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Fernando Mendoza fue nombrado secretario general del Poder Judicial.
Esa legislatura aprobó 140 modificaciones a las leyes del Sistema Penal Acusatorio y creó la pena de prisión vitalicia para delitos de extorsión y secuestro, pero después fue derogada. Para las organizaciones civiles, los cambios al Sistema Penal Acusatorio en realidad fueron una contrarreforma; favorecieron las detenciones arbitrarias y la tortura –hechos que se incrementaron, por el aumento de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte también documentaron y denunciaron varios casos.
De la Consejería Jurídica del gobierno estatal –dirigida por Mario Trevizo Salazar– salieron 97 iniciativas esos primeros años, que fueron respaldadas por el Congreso del Estado. En enero de 2014, cuando entró la siguiente legislatura, también controlada por el duartismo, los diputados aprobaron una iniciativa enviada por la Secretaría General de Gobierno para impulsar un programa de reordenamiento de la hacienda estatal, basada supuestamente en la austeridad. Pero de eso, nada: la deuda que dejó la administración anterior es de más de 55 mil millones de pesos y un déficit de 8 mil millones.
La red de corrupción de Duarte colocó en cargos clave a familiares y paisanos de Parral y Balleza, y tejió complicidades con empresarios favorecidos con contratos discrecionales y millonarios para obra pública y medicamentos, entre otros. Como primer secretario de Comunicaciones y Obras Públicas colocó a Javier Garfio Pacheco, quien en la segunda mitad del gobierno duartista se convirtió en el alcalde de Chihuahua. En su lugar quedó Eduardo Esperón González y, como subsecretario, Everardo Medina (primo de Duarte).
A la Secretaría de Hacienda llegó, en octubre de 2012, Jaime Herrera, quien era director del polémico banco Unión Progreso, donde fueron depositados más de 80 mil millones de pesos de las arcas estatales. Los ahorradores principales de esa institución fueron César Duarte y colaboradores y empresarios cercanos.
Raúl Enrique Javalera, oriundo de Balleza (de donde es Duarte fue director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y su empresa Finca fue beneficiada en la opaca construcción del aeropuerto regional de Creel. Posteriormente fue nombrado director de la Coesvi, cuyos exfuncionarios enfrentan penas de cárcel por favorecer a empresarios con la venta de terrenos del gobierno estatal a costos muy por abajo del precio catastral.
En la misma Secretaría de Hacienda durante la primera mitad del sexenio se desempeñó como director de Administración Sergio Medina (cercano a Duarte).
En la Secretaría de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores, de Parral, operó en cargos administrativos. Luego ocupó la dirección del Seguro Popular (de donde se desviaron cantidades millonarias, según auditorías locales y federales) y fue el último secretario de la dependencia.
Carlos Hermosillo tuvo cargos estratégicos hasta que el duartismo lo convirtió en diputado federal por el Distrito 9. Dirigió el Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) luego encabezó la dirección general de Administración de Hacienda y posteriormente la presidencia de la JCAS donde solicitó licencia para contender por la diputación.
Hermosillo Arteaga estuvo cerca de Duarte desde hace años, cuando ambos consolidaban su carrera en Parral. Ambos coincidieron en la Unión Ganadera División del Norte, fundada por el exgobernador cuando era diputado federal. Esa organización compartió domicilio con proveedores de medicamentos del gobierno del estado, en una situación claramente irregular (Proceso 2075).
La Secretaría de Desarrollo Rural tiene documentos que evidencian que en 2015 Duarte desvió recursos para favorecer a sus allegados y a familiares del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, con apoyos para ganaderos a través de Unión Ganadera División del Norte, según las unidades de producción pecuarias 80072096001 y 180122628002 (enviadas a San Blas, Nayarit) y la 0180022796002.
Modus operandi de la red de corrupción
La secretaria de la Función Pública estatal, Rocío Stefany Olmos, explica en entrevista que la manera en que operó la red de corrupción de Duarte fue simple: concentró una gran capacidad de decisión en pocas instituciones: «Empoderaron a la Secretaría de Hacienda en sus funciones, principalmente en las compras. Fue un organismo centralizado. Ahí concentraron todo para hacer negocios, para crear empresas.
«Eso lo hicieron (Gerardo) Villegas (actualmente preso por peculado) y (Antonio) Tarín, que son parte del grupo cercano de la familia de Duarte. También operaron desde Educación, Salud, en las direcciones de Adquisición y Administración».
Otra clave: 60{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} de las compras las otorgaron por adjudicación directa o invitación a tres empresas.
Paralelamente, «hubo órdenes simuladas, en las que compraban algo, firmaban contrato y no entregaban nada a gobierno. Emitían cheques y luego simulaban el contrato. Crearon empresas fantasma principalmente de 2013 a 2016, por lo menos cuatro. Las crearon todas, el mismo día, la misma dirección, les pagaron el mismo día. Y compraron con sobreprecio», abunda.
A través de las juntas de agua y de la Coesvi también favorecieron a varios medios de comunicación, ya que mediante esas dependencias cumplieron compromisos de publicidad contraídos por la Coordinación de Comunicación Social.
En la Secretaría de Educación utilizaron sobre todo el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, por medio del cual simularon obras y dejaron adeudos con proveedores. Además, a éstos les hacían pagar cuotas de hasta 30{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} por cada adjudicación que les daban: «Les daban el cheque y luego gente del gobierno los acompañaba al banco, retiraban el dinero y depositaban a la cuenta que los enviados indicaban», asevera Olmos.
Un contratista de la Ciudad Judicial confirma que para dicha obra les cobraron 30{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} de cuota para otorgarles licitaciones o adjudicaciones. La tenían que pagar en efectivo, generalmente durante alguna comida en el hotel Soberano, del que Duarte se hizo socio.
«Las adquisiciones directas se hacían a través de la Dirección de Adquisiciones, que estuvo controlada los seis años por la familia del exgobernador», consigna.
En tanto, para el abogado Jaime García Chávez, quien tiene demandados a Duarte, Hermosillo y Herrera Corral desde septiembre de 2014, el exmandatario sólo utilizó a Chihuahua como «fachada para operar toda una red de corrupción».
Este fenómeno, asevera, no es privativo de la entidad e implica enormes riesgos para la estabilidad nacional.
«Se puede recrudecer la política, los crímenes a políticos van en aumento. A estas alturas, un golpe de Estado puede ser un narcogolpe de Estado. Los políticos deben pasar a tener medidas de seguridad extrema. Ya no es como ocurrió con Luis Donaldo Colosio (asesinado en 1994): es de dimensiones profundas. La ciudadanía ha sido replegada a las decisiones electorales, la clase política es penosa. No hay visión para incorporar a la ciudadanía en grandes decisiones», finaliza.
Fuente: Proceso
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