Un juez federal condenó anoche a Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, podrá salir en tres años.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21 parcelas en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.
El juzgador al mismo tiempo amonestó al exgobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.
La Procuraduría no reclamó la reparación del daño, en virtud que los delitos imputados no lo tienen previsto; los fiscales federales presentes en al audiencia también retiraron su solicitud de inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.
Durante una audiencia de cinco horas de duración, a la que el expriista llegó con un procedimiento abreviado previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena responsabilidad en los ílicitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como es la conmutación de la pena.
«¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?», preguntó el juez.
«En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría», respondió.
«Repito la pregunta, ¿acepta su responsabilidad en los delitos?».
«Repito, sí, su señoría», contestó Duarte, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color caqui, barba larga y rapado.
Originalmente, este miércoles tendría lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y en contra del exgobernador de Veracruz.
Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.
El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez, Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado, lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.
Las penas mínimas para tanto para el lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años. A este castigo, la PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una reducción de hasta una tercera parte.
Para condenarlo, el juez consideró un total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.
Entre estos testimonios se encuentran el del exdiputado federal Antonio Tarek Abdala, el presunto prestanombres Rafael Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz, quien también ha sido señalado como testaferro del exmandatario.
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