El agua en su bipolaridad extremista, escasez y exceso, plantea un enorme desafío a México para el futuro de corto y mediano plazos, pero el presidente López da muestras de no entender o desdeñar su dimensión. Una demostración tangible es el presupuesto asignado a Conagua para 2021, reflejo también del desinterés político por atender y resolver serios conflictos regionales.
El problema suscitado en Chihuahua este año con la intención lopista de saquear la presa La Boquilla no trascendió en ánimo de atacar el problema de fondo y sólo rozó lo electorero.
El cálculo oficial consistió en que el próximo quinquenio para saldar la cuota obligatoria vence en 2025 cuando -¡por fin!- ya López no estará en la presidencia.
Pero mientras tanto el país puede sufrir serias convulsiones y desastres relacionados con el agua.
Veamos:
Conagua, el organismo gubernamental responsable del manejo del agua en el país ha sido especialmente castigado por el gobierno de López. En lugar de castigar la corrupción se ha privilegiado la ineficiencia.
En 2006 México fue sede del Foro Mundial del Agua y Fox se lució con el presupuesto anual para Conagua: poco más de 50 mil millones de pesos, de aquellos de 11 por dólar.
Durante todo el gobierno de Calderón y los dos primeros años de Peña la cifra se mantuvo en números redondos, pero sin aumentar ni siquiera todo lo proporcional a la inflación. En 2014 se llegó nominalmente a la cifra record de 52 mil millones de pesos.
Pero en 2019, el primer presupuesto del gobierno de López, la cifra se desplomó abruptamente a menos de la mitad : 19 mil millones.
En 2020 fue de 23 mil millones y para 2021 poco menos de 24 mil 500. Es decir, aun menos de la mitad de 2006.
Paralelamente, Conagua ha recortado 2 mil 200 plazas de su personal en diversas áreas, destacando los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales.
Con esos recortes Conagua perdió también su capacidad para hacer visitas e inspecciones y no podrá fiscalizar el funcionamiento de las concesiones ni de los permisos. Grave error porque ahí radica gran parte del desorden y de los efectos de la corrupción.
También se despidieron técnicos altamente calificados con años de experiencia por haber trabajado en los dos sexenios anteriores. Pero no fueron sustituidos por equivalentes. Por ejemplo, el nuevo subdirector general de Infraestructura Hidro-agrícola, una posición clave, es Aarón Mastache, quien llegó al cargo procedente de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación; un profesional sin la mínima experiencia en temas del agua.
Eduardo Vázquez Herrera, director Ejecutivo de la ONG Agua Capital presenta una radiografía rápida:
1.- Dos terceras partes de la superficie del país se encuentra en la franja de los principales desiertos en el mundo, los llamados Chihuahuense y Sonorense, lo que hace a la región más vulnerable a la sequía.
2.- El sureste y el Pacífico se ubican en zonas propensas a huracanes y lluvias tropicales, lo que genera fuertes inundaciones.
3.- La distribución espacial de la lluvia es variada; desde 2,395 mm anuales en las zonas húmedas de Tabasco, a menos de 200 mm anuales en las partes más secas del país, como Baja California y el este de Chihuahua.
4.- De 653 acuíferos del país, 104 están sobreexplotados. 62% del abasto de agua a los centros de población, incluidas las grandes metrópolis, depende de acuíferos con serios problemas de sobreexplotación.
5.- Únicamente el 45% de las aguas residuales generadas en el país recibe tratamiento adecuado, y
6.- Los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, como las sequías e inundaciones, causan cada vez más daños a la infraestructura y el patrimonio de las personas.
Por otra parte, debido a la falta de presupuesto la Conagua desconoce el estado en el que se encuentran las 6 mil 256 presas del país, muchas de ellas con más de 200 años de servicio.
De mil 200 inspecciones anuales que debería hacer, Conagua apenas realiza 200.
La omisión significa un Alto Riesgo para la población. Una falla estructural o mal estado de la cortina, deficiente funcionamiento por falta de conservación, deterioro por antigüedad, mala operación, alteración de estructuras y otros problemas técnicos pueden provocar grandes tragedias. Conagua reconoce que el peligro de falla de las presas “es permanente”.
Conagua advirtió en agosto que “de no llevarse a cabo el programa de inversión en 2021, la falla estructural o por mal funcionamiento de presas tendría efectos como pérdidas de vidas humanas, pérdidas por daños a sistemas productivos agrícolas, ganaderos e industriales, así como empeorar el estado actual de la presa”.
La advertencia no fue escuchada por López.
Al contrario, el programa que tiene por objetivo la rehabilitación y mantenimiento de las presas sufrió una reducción de 32.4%, al bajar de 465.9 millones de pesos asignados en 2020 a 315 millones para 2021.
En 2010, el gobierno puso en operación el Programa de Estudios Básicos de Evaluación, Medición y Control Mediante el Monitoreo Estructural en Presas, manejado por la Subdirección General de Infraestructura Hidro-agrícola de Conagua. Pero desde 2018 no se ha actualizado la ficha técnica”.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 2020-2024 de la Semarnat, señala que México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, pues se estima que 68% de la población y 71% de su Producto Interno Bruto están expuestos a los efectos negativos directos del proceso.
Pero ya vimos que el 62 por ciento del presupuesto destinado a Cambio Climático se desvió a la CFE para que pague compromisos adquiridos en el funcionamiento de gasoductos.
http://www.omnia.com.mx/noticia/163712
Reflejo de esa vulnerabilidad es la frecuencia con la cual los fenómenos hidro-meteorológicos afectan el territorio. Entre 1970 y 2017, un total de 236 ciclones tropicales impactaron al país, lo que equivale a cinco emergencias por año.
Como ya todos sabemos el fideicomiso para atender desastres naturales fue ordeñado por López y al dinero no se le ha asignado destino conocido.
El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático destaca que 273 municipios son altamente vulnerables a estos fenómenos, sobre todo en el sureste, principalmente Tabasco y Chiapas, como está hoy sucediendo.
En la otra esquina está la sequía, como la que atraviesan actualmente Chihuahua y toda la región del Desierto Chihuahuense que abarca varios estados de México y de los Estados Unidos.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados Unidos (CILA) anunció que los usuarios en nuestro territorio y el vecino país del norte deberán instrumentar ahorros extraordinarios de volúmenes de agua durante 2021, ya que se aplicará el Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua en respuesta a la peor sequía de que se tenga registro en los últimos 21 años.
La advertencia no está tomada en cuenta en los presupuestos.
Por ejemplo, en Chihuahua debiera estarse aplicando un plan urgente de Conagua para frenar el abuso que se ha venido cometiendo con el uso del agua a lo largo de la cuenca del Rio Conchos. Durante los dias álgidos del conflicto de este año López abundó en falsedades sobre el tema pero también señaló que se corregiría el «huachicol con el agua».
Para hacerlo se requiere presupuesto y determinación política, que no pueden ser más famélicos.
Presupuesto, primero, para poner orden. Sin embargo, Conagua carece de personal y hasta de vehículos para realizar las indispensables inspecciones.
De hecho las delegaciones estatales ni siquiera tienen facultades administrativas para hacerlo.
Un despliegue de inspectores, quizá apoyados por la Guardia Nacional encontraría cientos de tomas clandestinas desde el Alto Conchos, entre Camargo y Boquilla – donde hay más robo permanente- hasta la estación hidrométrica de Ojinaga.
Lo mismo en el Rio San Pedro.
Cálculos conservadores estiman que anualmente el hurto de agua suma entre 250 y 300 millones de metros cúbicos.
Es huachicoléo complacido y tolerado que López sólo usó como rollo mañanero, pero sin tomar ninguna decisión efectiva.
En la Cuenca Alta del Conchos hay nogaleras de 400 y 500 hectáreas que riegan con el método de inundación. Si se regara en toda la cuenca con cintillas el gasto se reduciría a un tercio. Segun expertos reconvertir el sistema de riego tendría un costo aproximado de 70 mil pesos por hectárea. El gobierno federal debe implementar programas en los que comparta el costo con los productores, pero en la mentalidad de López eso no tiene cabida.
Todos sabemos que no sólo para el nogal se usa agua ilegal.
Otra faceta sería regular el mercado negro de permisos de uso de agua. La ley actual no limita la cantidad de permisos que puede comprar un propietario, pero el mercado negro ha distorsionado los propósitos sociales y regulatorios de los permisos.
A estas alturas del siglo XXI hay disponible tecnología satelital y telemetría para verificar el gasto real de cada permisionario o concesionario.
La ley dice que debe haber medidores para cada concesión, pero es de todo mundo sabido que los medidores no existen.
Otra vertiente es aplicar medidas drásticas para los violadores de la ley, como por ejemplo cancelarles la tarifa preferencial de energía eléctrica a quienes incumplan con las normas de uso del agua.
Pero nada de eso está contemplado en los programas ni en los presupuestos, ni siquiera en una lista de propósitos de año nuevo.
Lo más seguro es que López haya desistido de someter a los huachicoleros del agua luego de que el desastroso manejo que tuvo en el intento de extraer arbitrariamente el agua de La Boquilla trascendió en lo único que le importa, que es el tema electoral, desplomando su popularidad en el Estado de Chihuahua al nivel más bajo de todo el país.
Sin embargo, la advertencia de que 2021 será más seco que 2020 en el norte y más llovedor en el sureste tendrá un alto impacto en la vida de los mexicanos de todo el territorio y los efectos se atenderán cuando ya sean tragedia, o no se atenderán
