Enrique Peña Nieto puede ser el primer expresidente de México en ir a la cárcel por corrupción. Por obstrucción a la justicia o complicidad en la Operación Zafiro, mediante la cual fueron desviados recursos públicos a las campañas del PRI. Por escudar a La Coneja y a César Duarte. Por lo pronto, es el primer Presidente en buscar la protección de la Suprema Corte de Justicia, mediante una controversia constitucional, para evitar ser aprehendido cuando deje el cargo y para anular las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua contra funcionarios federales.
“Peña Nieto está asustado. Empieza a sentirse acorralado, escucha los pasos cada vez más fuertes en la azotea y esos son los pasos de la Fiscalía de Chihuahua que ha llevado este caso durante meses”, dice Denise Dresser.
La politóloga se refiere a las investigaciones sobre el desvío de 246 millones de pesos que transfirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado –durante la gestión de César Duarte Jáquez–, el cual entregó el dinero a empresas fantasma mediante contratos simulados para destinarlos a campañas del PRI en 2016.
El mecanismo se llamó “Operación Zafiro” y, conforme avanzan las indagatorias, se ha descubierto que se aplicó en otras entidades federativas con el aval de la SHCP y el Comité Ejecutivo Nacional priista que presidía Manlio Fabio Beltrones.
Es “un caso que –como ya sabemos– involucra el desvío de fondos vía la Secretaría de Hacienda, a diversos gobernadores vía un operador, el famoso preso incómodo, Alejandro Gutiérrez, hoy bajo arresto domiciliario en Chihuahua con brazalete electrónico”, dice la analista.
Gutiérrez fue secretario general adjunto del CEN del PRI y brazo derecho de Beltrones.
“Me parece que Peña Nieto está preocupado precisamente porque, en los últimos días, el Gobierno de Durango se han incorporado a una investigación en la cual dice: ‘Aquí también ocurrió algo similar, transferencias de dinero que después el PRI utilizó probablemente para financiar elecciones en otros sitios’, o sea, una triangulación que es un acto de corrupción, violación de la legislación electoral y con el aval de la Secretaría de Hacienda, lo cual es también un golpe muy importante a la credibilidad de la institución”.
“¿Y por qué este caso le preocupa a Peña Nieto y lo lleva a tal grado a meter una controversia constitucional?”, se pregunta Dresser.
“Porque es el único caso documentado de corrupción que lo toca directamente –se responde–, que llegaría probablemente al picaporte de Los Pinos y el caso está bien documentado porque un estudio reciente reveló que la Fiscalía de Chihuahua es la mejor fiscalía del país, es una fiscalía que ha estado haciendo su trabajo de manera muy profesional y que ha reunido toda una serie de expedientes con declaraciones, facturas, etcétera, que en el momento en el que esto, que el juicio vaya prosiguiendo podrían llevar a la Fiscalía a girar incluso una orden de aprehensión contra el Presidente”.
“Y de tal grado es su temor que la reacción es ésta: llevar el caso a la Suprema Corte”, expresa la analista.
En cuanto a la Suprema Corte, “pues va a ser un momento de poner a prueba su independencia del Poder Ejecutivo y demostrar que está ahí para interpretar la Constitución y no para seguir las instrucciones de un Presidente”, añade Denise Dresser al hablar del caso en el noticiario Aristegui Noticias.
¿Por qué en esta ocasión el Presidente acude a la SCJN?
La diferencia es que otros casos, como #LaEstafaMaestra, la Casa Blanca y Odebrecht, que involucran a funcionarios de Peña Nieto, son investigados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública federal.
En cambio, el caso César Duarte en Chihuahua, “cambió la fórmula de cobijo e impunidad sexenal”, escribe la columnista Elisa Alanís en El Universal.
“Javier Corral, el fiscal y los jueces de esa entidad no son subordinados de Peña”, señala en “¿A qué le teme Enrique Peña Nieto?”
En el caso de Chihuahua, afirma el gobernador Javier Corral, “se investigó y documentó esa operación, pero se operó toda una estrategia de impunidad para exonerar al exsecretario general adjunto del PRI, un personaje central en esta operación, en una de las investigaciones que una y otra vez hemos señalado, toca directamente al Gobierno de la República, al Gobierno Federal”.
La investigación toca por lo pronto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, agrega, pero “en varias ocasiones he señalado que es muy difícil creer que esos desvíos multimillonarios que se operaron durante los meses de marzo y abril de 2016, no tuviera conocimiento el presidente de la República o incluso, no hubieran sido ordenados por él”.
El gobernador que asusta a Peña Nieto
“¿Cuál es el pacto de impunidad que siguieron el resto de los gobernadores para no investigar a sus predecesores priistas?”, se pregunta la periodista Adela Navarro.
La directora de Zeta de Tijuana escribió en SinEmbargo.mx que de todos los gobernadores de oposición “que ganaron estados al PRI, sólo hay uno al que evidentemente le tiene miedo el presidente Enrique Peña Nieto: Javier Corral”.
No existe otra explicación para justificar la controversia constitucional que promovió ante la SCJN “para evitar que las investigaciones y acciones judiciales que ha emprendido Corral en Chihuahua para que no quede impune César Duarte Jáquez, lo alcancen a él o a los integrantes de su gabinete”.
El historiador Lorenzo Meyer, autor de La segunda muerte de la Revolución Mexicana y de Distopía mexicana. Perspectivas para una nueva transición, entre otros libros, considera que la estratagema del gobierno de Peña Nieto “es una muestra más de cómo terminan el sexenio, lo importante ahora es cómo termina el régimen, cómo termina una forma de ejercer el poder”.
“De cuándo acá uno podría pensar de Obregón, Calles, Cárdenas, Alemán, Salinas, etcétera, que se iban a amparar contra acciones de un gobierno estatal, en el México dominado por el PRI, en el sistema tradicional que ya dura cien años, incluyendo los 12 años del PAN, eso era simplemente impensable, los gobierno locales no tenían mayor derecho a tomar decisiones importantes por sí mismos”, reflexiona.
Ahora las cosas son diferentes, señala el investigador y profesor emérito de El Colegio de México.
La Presidencia de la República recurre “a un instrumento que nunca antes había usado” y pone a la Corte en un callejón que no tiene muchas salidas, agrega. “Si le acepta a Peña Nieto la argumentación que su abogado –como ya queda dicho de otros, por el Gobierno de Chihuahua, ese abogado que se paga con recursos del erario–, mantiene el mismo grado de incredulidad, de ilegitimidad que ha tenido por mucho tiempo”.
La Corte “necesita, le urge legitimidad porque ha servido durante mucho tiempo como un mero instrumento auxiliar de la Presidencia”, señala Meyer.
“Si se lo rechaza –que sería lo deseable–, realmente se está pavimentando el camino para llamar a cuentas, hacerlos responsables de sus actos, a los altos, a los más altos funcionarios del Gobierno Federal y en ese caso, el gobernador Corral, su gobierno en general, pero también sus colaboradores y espero que la sociedad de Chihuahua avale en su mayor parte este movimiento del gobernador”, expresa el investigador en el programa de Aristegui.
Meyer expone que, el hecho de que se quiera evitar que los funcionarios federales sean juzgados por acciones que cometieron en los gobiernos locales, es como decir: “Estos son de segunda, nosotros somos federales”.
“Si el crimen se cometió en el estado, tienen toda la importancia y todo el derecho de iniciar el juicio y llevarlo hasta el final”, indica.
Según el investigador y analista Sergio Aguayo, “en el trasfondo está una disputa por ver qué actor es el más efectivo en combatir la corrupción estructural”.
“El caso Chihuahua y la reacción de Peña Nieto muestra no sólo la preocupación de Enrique Peña Nieto, por supuesto, sino pongo mi comentario en la importancia que está teniendo el gobierno de un estado, el gobierno encabezado por Javier Corral para explorar nuevas avenidas y buscar formas de combatir la corrupción”.
En la misma mesa de debate en Aristegui Noticias, el también escritor expuso la importancia de las investigaciones iniciadas en Chihuahua:
“Me llama la atención porque, pues en este tema cuando menos pareciera que Javier Corral está siendo más efectivo que Andrés Manuel López Obrador y Morena, por supuesto, sí, entiendo que aún no llegan al gobierno, pero en todo caso Javier Corral demuestra el potencial que hay en los gobiernos locales, sean estatales o municipales, para combatir la corrupción”.
Por su parte, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas escribió en su cuenta de Twitter:
“Las investigaciones sobre la corrupción del otro Duarte —César— arrastrarán a más de un priista, inclusive a @EPN. En México comenzaremos a vivir lo que en otros países es usual: encausar a presidentes y ex presidentes por sus conductas activas o pasivas”.
“Si algo teme, es porque algo debe”
El 28 de septiembre, el gobernador Javier Corral declaró:
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”.
“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, agregó.
La Presidencia de la República respondió dos semanas después, a través de su consejero Jurídico, Misha Granados.
El 11 de octubre, el funcionario presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia Constitucional “para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales”.
De esa manera, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete “buscan blindarse contra investigaciones penales en su contra por parte del Gobierno de Chihuahua”, publicó Reforma el 17 de octubre de 2018.
Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo.
Los actos reclamados se imputan al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial local, de acuerdo con el rotativo.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados.
El 16 de octubre, Misha Granados presentó un “escrito de ampliación de los conceptos de invalidez en la controversia 183/2018”.
Con esa petición pretende anular investigaciones del fuero común contra funcionarios federales, escribió el periodista Juan Omar Fierro en Aristegui Noticias, el domingo 21 de octubre.
“La Consejería Jurídica del Presidente Enrique Peña Nieto –publicó– busca anular desde su inicio toda la investigación que la Fiscalía General de Chihuahua realizó contra el exsecretario General Adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; pero también pretende beneficiar a sus dos coacusados, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, en la causa penal que se les sigue por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales hacia campañas políticas del PRI”.
Aristegui Noticias difundió el documento completo de la ampliación de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, contra la Fiscalía y el Gobierno de Chihuahua, así como contra las Cámaras de Senadores y Diputados.
Mediante se recurso “también se solicita suspender de inmediato cualquier nuevo avance de la indagatoria y mantener el proceso penal en el estado actual en el que se encuentra hasta que se defina el fondo de la controversia”.
En el caso de la primera parte de la controversia constitucional, “el Ministro Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, la turnó otro de los ministros, quien deberá definir si es aceptada a trámite o rechazada sin que se estudie el fondo, por alguna causa de improcedencia”.
El periodista Juan Omar Fierro narra que, en el documento entregado por el abogado de la Presidencia de la República a la Suprema Corte el 16 de octubre, también se pretende declarar la inconstitucionalidad y la invalidez de la fracción primera del Artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual se reconoce la competencia de las fiscalías y procuradurías estatales para investigar y sancionar a funcionarios públicos federales que cometan cualquier delito del fuero común dentro de sus territorios”.
En ese precepto se definen las competencias para la investigación de un delito del fuero común, lo que incluye robo, homicidio, fraude, asociación delictuosa, o bien, peculado y enriquecimiento ilícito como es el caso particular de los tres imputados en esta indagatoria, derivado de que la ley citada señala que los jueces y tribunales del fuero común “tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones”.
Ese Código fue aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores en 2014, cuando el PRI era mayoría en el Congreso de la Unión.
El propio Peña Nieto lo promulgó para su publicación el 5 de marzo de ese año.
El argumento es que “los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Chihuahua” invadieron la competencia de la Federación al investigar por enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de recursos públicos al ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando este último era Presidente Nacional del PRI, así como por el proceso penal que se le sigue por esta misma causa a Tarín García y Villegas Madriles, ambos ex funcionarios del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, actualmente prófugo por la existencia de 15 órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos, explica Juan Omar Fierro.
“No hay que perder de vista que, derivado de las consignaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Chihuahua en la causa penal 780/2017 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (instruidas en contra de Antonio Enrique Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Gerardo Villegas Madriles), el gobernador ha manifestado en reiteradas ocasiones que existen diversas investigaciones por parte de la Fiscalía local, en las que se relacionan a diversos funcionarios federales”, señala el escrito de la controversia presentada por el Consejero Jurídico de la Presidencia.
La controversia también impugna el artículo 7 del Código Penal para el Estado de Chihuahua que delimita la competencia y el principio de territorialidad para investigar actos fuera de la ley a todos “los delitos del fuero común que se cometan en su territorio”.
“La norma transcrita deviene inconstitucional, al permitir que entidades federativas puedan procesar penalmente a funcionarios federales, cuando ésta es una cuestión reservada exclusivamente a la Federación”, según la ampliación de la controversia.
Para el gobernador Javier Corral, “políticamente hablando es revelador que Peña se sienta tocado por las investigaciones de Chihuahua”.
En una entrevista con Azucena Uresti, consideró que la acción interpuesta por Peña Nieto y parte de su gabinete es una muy mala estrategia jurídica para defenderse de posibles investigaciones o de blindarse por la causa de Chihuahua o de otras que pudieran llegar.
“Es un recurso cuestionable en términos de su jurisdicidad”, dijo.
No obstante, agregó, “también hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe”.
Un paso a la “impunidad transexenal”
El lunes 29 de octubre, el ministro Eduardo Medina Mora admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República.
De esa manera, suspendió temporalmente cualquier investigación o imputación contra Peña Nieto y funcionarios federales por parte de la Fiscalía de Chihuahua, hasta que el pleno determine si las autoridades estatales pueden o no procesar penalmente al mandatario y a sus colaboradores.
Según el acuerdo emitido por Medina Mora, “la suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.
Al dar entrada al recurso, el ministro determinó lo siguiente:
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
“Hasta este momento no se tiene conocimiento de quienes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua. Esta es una cuestión que se sabrá en el momento en que esta Suprema Corte reciba las constancias correspondientes”.
“Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales.
“La controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes”.
Al respecto, el gobernador Javier Corral calificó la decisión de Medina Mora como “otro paso más de su plan de impunidad transexenal”.
“Es un hecho inédito, un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite un amparo buscador disfrazado de Controversia Constitucional que Enrique Peña Nieto promovió para conocer las indagatorias sobre corrupción política de la Fiscalía de Chihuahua”, escribió en su cuenta de Twitter.
“No sólo es inédito el acuerdo de admisión del Ministro, son vergonzosos los términos de la suspensión, al pretender que la @Fiscalía_Chih envíe copia de todos los actos q reclama su invalidez, o sea, las investigaciones! @EPN tratando de arrastrar en su desesperación a la @SCJN”, agregó.
La admisión del “amparo buscador” presentado por Peña Nieto ante la SCJN “pondrá a prueba de sus integrantes no sólo el deslinde con la corrupción política, sino en medio de su tirante relevo de Presidente, la autonomía e independencia como Poder de la Nación”, expuso el mandatario.
En una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Corral expresó:
“Estamos confiados en que la Corte no se dejará presionar y no se dejará arrastrar en esta desesperación del último tramo del Presidente de la República, que va a mantener su autonomía, su independencia, que va a cuidar su prestigio”.
“Es hora de que la Corte haga un claro deslinde de estas presiones indebidas”, señaló.
“Va a tener muy pronto el pleno de la Corte la oportunidad de hacerlo –dijo–, toda vez que el Estado de Chihuahua ha determinado que el Ejecutivo, a través del Consejero Jurídico presente dos recursos: uno de reclamación sobre el acuerdo de admisión y uno de queja en torno del incidente de suspensión”.
“La queja debe entenderse en este caso desde un punto de vista procesal y no disciplinario”, explicó el gobernador Javier Corral.
“El Presidente tiene impunidad legal”: AMLO
El 17 de octubre, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador minimizó la controversia constitucional promovida por Enrique Peña Nieto y su gabinete contra investigaciones penales en su contra.
“Leí en un periódico que se ampara el presidente Peña, no deja de ser, con todo respeto, amarillismo”, respondió ante una pregunta directa, según Reforma.
–Entonces, las denuncias del Gobierno de Chihuahua sobre el desvío de más de 300 millones de pesos no son ciertas?
–Sí, pero el Presidente tiene impunidad legal, porque el artículo 103 de la Constitución establece que sólo puede ser juzgado por traición a la patria.
“¿No es serio? El que se diga en la prensa fifí, en el Reforma, que se ampara el presidente Peña, no se me hace periodismo serio, pero soy respetuoso de la libertad de expresión”, dijo López Obrador.
Sin embargo, las autoridades de Chihuahua consideran que una vez que termine su mandato, Peña Nieto perderá el fuero constitucional.
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