“Yo quisiera decirle a la gente que viera la sierra,
que viera la naturaleza,
que respete más que nada lo que es la naturaleza.
Que Dios nos dejó disfrutar lo que nos dejó,
para no hacer destrozos,
porque si hace algo malo al mundo,
Dios no va a estar a gusto, va a haber mucho destrozo:
mucha lluvia, demasiado temblores, cada vez más,
porque Dios no dejó para hacer todo esto,
dejó para que conviviéramos, para que trabajáramos la tierra.
Todo lo que nosotros consumimos, en armonía:
LORENZO MORENO PAJARITO,
EX GOBERNADOR INDÍGENA DE BACAJÍPARE, MUNICIPIO DE URIQUE
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SIERRA TARAHUMARA. El problema de la tala inmoderada en la Sierra Tarahumara es complejo, muestra diversos rostros. Durante décadas, caciques y empresarios se han dedicado a saquear el bosque de manera ilegal o legal con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, y los últimos años, esa práctica es parte de la diversificación de actividades del crimen organizado.
El hartazgo y el dolor de las comunidades principalmente indígenas -acostumbrados a resistir y evitar el conflicto-, ha obligado a alzar la voz al clero y a las mismas comunidades rarámuri.
Después de casi dos décadas de silencio y trabajo callado en región serrana, sacerdotes, religiosas y religiosos de la Diócesis de la Tarahumara, advirtieron hace un año que la tala inmoderado ha causado incendios provocados de miles de hectáreas, desplazamientos de comunidades completas, juicios agrarios y penales.
Lanzaron la campaña Cuidamos el bosque, al denunciar la tala criminal del bosque. La delincuencia organizada se adueñó de predios y aserraderos, advirtieron para exigir a las autoridades que pongan un alto a la tala ilegal y a la impunidad ambiental, para que investiguen y sancionen a los responsables. Que revisen los permisos indiscriminados, advirtieron.
La comunidad indígena Bosques de San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, lleva dos semanas en plantón permanente bajo los pinos, aguantando nevadas y frío, para defender sus árboles.
Denunciaron que las familias Cuesta y Parra, con quienes mantienen un litigio penal, comenzaron a talar al finalizar el mes de febrero, en el territorio rarámuri. En asamblea, la comunidad decidió plantarse para impedir la atrocidad.
Luis Javier Pérez Enríquez, segundo gobernador de Repechique, señaló: «ya hay mucho derribo, pero como pueblo, denunciamos que la Semarnat sigue otorgando permisos sin consultarnos, hemos demandado cada año que no den permiso porque no estamos de acuerdo con esas acciones. Tiran los árboles par comercializarlos, hay muchos árboles tirados».
José Antonio Montes Enríquez, integrante de la comunidad, dijo que están muy enojados porque la propiedad ancestral es de ellos y así lo reconoció el juez Octavo de Distrito, cuando pelearon y ganaron el amparo contra la falta de consulta para la construcción del aeropuerto regional Creel-Barrancas.
Son aproximadamente 200 tarahumaras que se turnan para cuidar el área e impedir el paso a las camionetas que llegan para cortar y llevarse los árboles, por lo que la exigencia es que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), revise la vigencia de las guías y los respeten como dueños de ese territorio, de acuerdo con la sentencia de amparo 422/2014..
Diana Villalobos, directora de la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) recordó que una vez que ganaron la sentencia de amparo contra la construcción del aeropuerto regional Creel-Barrancas, el juzgador reconoció el derecho de la comunidad al territorio ancestral, pero aún no les han dado la escritura, por lo que sigue en manos de particulares.
Por esa situación promovieron otro amparo hace aproximadamente un año, para que reconozcan el territorio y el respeto a la libre determinación, lograron detener la construcción del gasoducto que pretendía pasar por Repechique, pero aún no se resuelve el derecho al aprovechamiento.
Uno de los particulares se inconformó por la decisión del juez, quien otorgó la suspensión para evitar la tala y un Tribunal Colegiado aceptó el argumento de ese particular y sin discutir el fondo del asunto, se declaró incompetente. El proceso continúa, pero los empresarios aprovecharon para derribar los árboles de inmediato.
Guadalupe Montoya, integrante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), dio a conocer el caso de una comunidad cercana a Basonayvo, municipio de Guazapares, donde denunciaron el robo de material pétreo y la tala ilegal del bosque.
“Se ganaron en instancias federales todas las denuncia sobre material pétreo y se consiguió que se reforestara, pero lo que sucedió es que aparece un particular que dice ser dueño de 20 mil hectáreas y actualmente está lotificando y vendiendo a personas de fuera, ha crecido la impunidad con apoyo de los que imparten la justicia. Ahorita son los indígenas los perseguidos, los que están demandados por amenazas, donde hay lesionados y muertos. Los indígenas ahorita están en proceso de autodefensa, todavía no termina la cuestión agraria no puede estar lotificando esta persona, haciendo uso de un territorio que es netamente indígena”
Religiosas del municipio de Bocoyna dierona conocer que en el acompañamiento mensual a comunidades, el año pasado comenzaron a ver en la entrada de Cusárare, patios enormes con trozos y camiones cargados de madera y al preguntar a la comunidad porqué permitían esa situación, les dijeron que lo hacen “para ganar algún dinero, pero no sabemos quién tiene que pagar, pero me da tristeza en el corazón, nosotros ya no podemos cortar madera para hacer leña ni para nuestras casas”.
En el municipio de Guadalupe y Calvo, las comunidades indígenas también luchan diariamente por evitar la tala de los árboles que ven caer como cadáveres, ante la impotencia de la impunidad que les restregan en la cara.
EL CLERO ADVIERTE DE TALA CRIMINAL CONTRA LA COMUNIDAD SERRANA
La declaración de la Diócesis se dio luego de que el año pasado se registraron por lo menos tres incendios grandes en el municipio de Bocoyna, principalmente.
En el primer incendio duraron alrededor de dos días para apagarlo, posteriormente siguieron con otros más leves. El 6 de mayo pasado, hubo otro incendio que la misma Comisión Nacional Forestal reconoció que fue provocado y lo denunció ante las autoridades correspondientes.
En la región, poco se habla de las causas por el temor que les infunden los grupos delictivos, porque los pobladores de las comunidades aledañas han sido amenazados, no podían ni tomar fotografías de la devastación del bosque que generó el fuego.
Sobre esa situación advirtió la Diócesis de la Tarahumara hace 16 años en un manifiesto público, donde dijo que la sierra vivía una explotación irracional del bosque, “inconsciente, corrupta, criminal y como consecuencia, en todo el entorno que nutre sus aguas, como las cuencas hidrológicas que abastecen en gran parte los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango y la del río Conchos hacia el Golfo de México”.
Hace un año, el clero y laicos de la Diócesis, alertaron que se ha acrecentado la explotación del bosque de una manera intensa. “Lo vemos constantemente”, dijeron y exhortaron a unirse y construir propuestas alternativas para el cuidado responsable del ecosistema.
“Ya se perdió la vergüenza, la discreción para cometer actos ilícitos. Vemos con gran dolor, que de manera burda y descarada se da la explotación de los recursos forestales en toda la sierra sin ningún control, burlando todas las medidas legales que evitarían la devastación del bosque, hasta llegar a incendios provocados intencionalmente por manos criminales”, alertaron.
Explicaron en un manifiesto, que esa situación hay protección del sistema ejidal al tipo de tenencia ancestral de la tierra, que se pierde por la ambición de unos pocos beneficiados.
“La delincuencia organizada se adueña de predios y aserraderos, la madera extraída circula amparada con permisos ilegales”.
El sacerdote jesuita, Javier El Pato Ávila, señaló que en la Tarahumara hay un patrimonio amenazado. “Vemos gobiernos que acaban siendo testigos mudos de estas violaciones , tanta policía del estado, municipales, militares y federales alrededor de la zona de San Juanito (…) Aceptamos que a los delincuentes los juzgue la federación, pero el bosque no es de la federación, es del estado, es de la región, yo creo que se están acabando los recursos de una subsistencia local muy importante y tenemos la obligación de defender esos bienes dados, como dice el Papa Francisco, hay que cuidar nuestra casa común”.
Ávila dio a conocer que en esa región de Bocona, se habla de más de 15 o 20 mil pinos destruidos, más de 800 hectáreas dañadas, “un bosque que tardará más de 80 años en recuperarse y en donde nos está afectando la impunidad, porque todos sabemos quiénes son, menos las autoridades y el silencio de la autoridad, es tenebroso decirlo, pero habla tal vez de complicidad. Los habitantes de ejidos de mayoría indígena tienen miedo a denunciar porque saben que hay consecuencias, la impunidad y la ilegalidad sigue haciendo muchísimo daño”.
El párroco de Creel, Héctor Fernando Martínez, mencionó que la actividad minera, con el modelo extractivo de tajo abierto, “está dejando graves e irreparables daños en donde se está utilizando, actualmente hay una grave amenaza contra la salud, empiezan a ser evidentes los daños (…) hay ya una afectación permanente al paisaje y basta ir de aquí a Chínipas para constatarlo. Los lugares donde se encuentra la minería van a quedar totalmente degradados, creemos que este hecho va sumado al impacto por la deforestación como parte de un mismo modelo económico”.
El jesuita Javier Campos Morales dijo que la tala de bosque y la carencia de éste es un problema que el indígena ha sufrido en otras formas. “No van a gritar ni a decir de cosas, ante la invasión han huido y se han replegado, ahora ya no tienen en donde replegarse, las leyes forestales les prohíben hasta cortar madera, esto afecta directamente toda su vida la relación con el creador y la naturaleza se ve destrozada”.
El encargado de la Pastoral Indígena, Gabriel Parga, advirtió: “Estamos en una franca desértica, es un bosque muy frágil, no son las características de los bosques de Chile y Canadá, que compiten con nuestro bosque, esto nos duele, seguimos viendo camiones y camiones autorizados para pasar, el programa económico de Peña Nieto pretende doblar la explotación forestal en México, para cubrir la demanda del país (…) lo grave es que mucho es legal, está autorizado, pero tendrían que hacerse estudios más profundos que limitaran la tala en vez de promoverla.
La Red Serrana, conformada por varias organizaciones civiles que trabajan en comunidades de la Tarahumara, arroparon la demanda de la Diócesis y llamaron a sumarse a la campaña.
El rarámuri Guillermo Palma dijo que no sólo se trata del bosque sino de todo lo que encierra. “Es una manera de vivir, una manera armónica con lo que nos da vida, no es la defensa de un árbol, es la defensa de la vida misma, la continuidad de todo un conjunto de comunidades que estamos proponiendo una relación distinta con la naturaleza, pero esta propuesta es muy invisible para gobiernos, para Ong’s y la misma iglesi. Hay una serie de imposiciones pero no hay un diálogo, de la otra justicia, de la otra economía, de la otra manera de relacionarse entre hermanos y siendo hermanos del mundo, no basta el castigo a los culpables”
El pronunciamiento de la Diócesis emitido el año pasado y que mantiene vigente la campaña, está firmado por Celestino Villa Ayala, delegado de la Diócesis; Javier Campos Morales, vicario de la comisión Pastoral; Juan Manuel González Sandoval, vicario de la Zona Norte; Benjamín Romo Martín, vicario de la Zona Sur; Enrique Urzúa Romero, vicario de la Zona Centro; Jesús Reyes Muñoz, vicario de la Zona Occidente; Héctor Fernando Martínez Espinoza, coordinador del presbiterio; Gabriel Parga Terrazas, vicario de la pastoral Indígena.
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