César Duarte se acerca a la cárcel

La semana pasada, dos jueces de Control revocaron la decisión de no ejercer la acción penal en contra del ex gobernador, del ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral y del diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y ordenó continuar la investigación contra los tres y personas cercanas, por peculado y enriquecimiento ilícito.

A la vez, este mismo año, la letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, Concepción Martínez Parra, ordenó ejecutar en cualquier momento, una orden de embargo, contra los bienes de Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, así como su socia Alma Delia Martínez Corrujedo (accionista de la institución financiera Unión Progreso).

e Hidroponia de Chihuahua y las acciones de la institución financiera, a petición de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial S.L (ACM), por un adeudo de 4 millones de dólares que presuntamente intentaron pagar con los recursos públicos del gobierno de Chihuahua.

Esa empresa junto con otras, y la institución financiera salieron a relucir en las audiencias efectuadas en la ciudad de Chihuahua, la semana pasada, así como en la primera denuncia que interpuso el abogado Jaime García Chávez, en contra de los tres personajes mencionados, ante la Procuraduría General de la República, el 23 de septiembre de 2014, por enriquecimiento ilícito, corrupción y uso indebido de atribuciones.

A esas denuncias penales, se suman las que médicos y otros ciudadanos interpusieron desde el sexenio pasado, ante la Auditoría Superior de la Federación, principalmente por desvío de recursos en los Servicios Estatales de Salud, que estaban a cargo de otro colaborador y presunto cómplice de Duarte y de su esposa, Pedro Genaro Hernández Flores.

En esa dependencia de salud, trabajaba como director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), Antonio Enrique Tarín García (sobrino de Duarte y originario de Balleza), quien anteriormente fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, donde fue señalado por adquirir dos camionetas de lujo en pleno decreto de austeridad: una Tahoe para él y una Suburban para Alfredo Riosvelasco.

Tarín García es el suplente del diputado federal, Carlos Hermosillo, quien está acusado en la mayor parte de las demandas por la vía civil y por la vía penal, ya que operó presuntamente, la compra de terrenos de manera forzada, en Parral, a través de la Unión Ganadera División del Norte, cuyo fundador es Duarte Jáquez.

Durante el sexenio anterior, Hermosillo fue director del Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), luego lo nombraron director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y posteriormente presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), de donde solicitó licencia para convertirse en candidato a diputado federal.

La creación de la asociación Unión Ganadera División del Norte, por César Duarte Jáquez en el 2005, surgió como un instrumento de apoyo a los productores chihuahuenses para que accedieran a crédito y subsidios gubernamentales a raíz de su liderazgo en la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En septiembre de 2011, la asociación aparece como uno de los diez principales clientes de Unión de Crédito Progreso, con 20 millones de saldo y de esos clientes es el único que aparece con garantía líquida, ya que el resto tiene garantía hipotecaria.

De acuerdo con la calificadora HR Ratings de México, S.A. de C.V, Unión Ganadera División del Norte está registrada en la institución crediticia, como actividad comercial y su actividad es la compra venta de maquinaria y equipo e implementos.

«A septiembre de 2011, los 10 clientes principales de la cartera de crédito de Unión de Crédito Progreso representa el 47.7{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} del total. Dicha situación representa un riesgo de concentración en caso de que alguno dejara de pagar. Asimismo, se encuentra una sensibilidad al capital contable dado que el saldo de estos 10 clientes principales representan 2.5x el capital contable de la Empresa», indica la calificadora.

En el 2007, cuando Duarte era diputado federal, crearon la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V y como gobernador, con Hermosillo celebró una asamblea en el 2011 en Parral, que protocolizaron ante el notario público Sergio Müller Mata y acordaron aumentar en 31 millones el capital de empresa financiera que habían creado.

De ese aumento de capital, Duarte exhibe 30 millones y Hermosillo uno, y éste se convierte en comisario para ir a protocolizar el aumento de capital, de acuerdo con documentos notariados.

En otra demanda, los hermanos Juan y Víctor Paredes Valles impulsan el juicio sucesorio intestamentario 249/2013, promovido por Graciela Valles Vidal (madre de los dos) a bienes de Óscar Valles Vidal, radicada en el Primer Juzgado Civil de Chihuahua.

Dos de sus primos, Óscar Estrada Valles y José David Chávez Vidal, en complicidad con Carlos Hermosillo Arteaga, representante de Duarte, intentaron comprar un predio que incluye un monumento nacional, en el centro de la ciudad de Parral, a pesar de que se encuentra en litigio.

El predio es La Palmilla de la ex hacienda La Almaceña, declarado y registrado hace años en Parral, como monumento nacional y que tiene una construcción de 615.50 metros de construcción y un terreno de 10 mil 570 metros y un metro 271 milímetros cuadrados, está ubicado en el boulevard Niños Héroes de Parral.

La compradora, de acuerdo con el expediente, es la Financiera de la División del Norte S.A DE C.V y en donde se reitera que es una entidad no regulada, está representada en el juicio, por Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

JUECES ORDENAN REABRIR LA INVESTIGACIÓN CONTRA DUARTE, HERMOSILLO Y HERRERA
Los jueces de Control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán y Eduardo Alexis Ornelas Pérez, revocaron el no ejercicio de la acción penal contra Hermosillo y contra Duarte y Herrera, respectivamente, en dos audiencias distintas realizadas en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, los pasados 12 y 14 de diciembre.

La primera audiencia fue contra Carlos Hermosillo, quien estuvo presente cuando el juez Rodríguez Gaytán ordenó continuar la investigación en su contra, luego de que fue denunciado en enero de 2015, por el ex alcalde de Parral, Gustavo Villarreal Posada, por la compra de propiedades de más de 14 millones, cuando su sueldo como funcionario estatal, no lo justificaba.

Alexis Ornelas también revocó el no ejercicio de la acción penal en contra de Duarte y Herrera Corral, quienes fueron denunciados el 5 de mayo de 2016, por Joaquín Medina Rosales, integrante del Congreso Nacional Ciudadano, de acuerdo con el cuadernillo 234/2016, en el que denuncian que el expediente fue archivado el 23 de septiembre pasado, diez días antes de que ambos dejaran el cargo. Los acusados no acudieron por cuestiones de salud, según justificaron sus abogados.

El juez ordenó además, abrir una carpeta de investigación 1921616230, contra el ex coordinador de la Unidad de Delitos contra Servidores Públicos, porque éste declaró el mes pasado, que fue coaccionado por el exfiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz –actual director jurídico del ayuntamiento de Juárez–, para determinar el no ejercicio de la acción penal sin haber concluido la investigación ni desahogado las pruebas que solicitaba la parte acusadora.

El defensor de Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, argumentó que en la investigación que lleva la Unidad de Análisis Financiera de la PGR contra su cliente Herrera y Hermosillo, el exmandatario, Herrera y Hermosillo, por los mismos delitos, el ex gobernador ha demostrado que su patrimonio lo obtuvo a lo largo de 30 años como empresario ganadero.

El abogado de Jaime Herrera, Carlos Aguirre, insistió en que el ex funcionario no puede ser juzgado por los mismos delitos más de una vez y ya existen, por lo menos tres denuncias más, aunque la más avanzada es la radicada a la PGR, donde han desahogado pruebas en más de mil fojas.

El fiscal Francisco González explicó que no se trata de la misma denuncia, puesto que son diferentes denunciantes, e insistió en la necesidad de reaperturar la carpeta de investigación, ya que el mismo Duarte, en agosto de 2016, en entrevista ante medios de comunicación, aceptó que su patrimonio asciende a 100 millones de pesos, cuyo origen tiene que aclarar.

La representación social advirtió que no se investigó el patrimonio total de los ex funcionarios y familias, ni a la Unión Ganadera División del Norte o Financiera División del Norte SA, la sociedad financiera de objeto múltiple Akala ni a Unión de Crédito Progreso, así como a las empresas Pavimentos y Servicios de Parral e Hidroponia de Parral, para conocer la proporción del patrimonio de César Duarte Jáquez en ambas.