Chihuahua, Chih. La desaparición forzada e involuntaria se convirtió en el principal flagelo del sexenio pasado, las familias de las víctimas se unieron y se empoderaron para exigir justicia, que no han obtenido.
Aunque el municipio de Cuauhtémoc fue visibilizado como la capital de las desapariciones forzadas en el país, otros municipios también han generado cientos de víctimas. Hasta ahora se desconoce la cifra real de personas desaparecidas involuntariamente, porque no todas las familias se atreven a denunciar por miedo o por desconfianza hacia las autoridades.
La indolencia en el trato del delito de desaparición se refleja en la situación que reveló el mes pasado el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, quien dio a conocer que sólo en las instalaciones del Servicio Médico Forense en las cuatro zonas de la fiscalía, la administración anterior les heredó 571 cuerpos sin identificar.
Los responsables de la fiscalía durante el sexenio del ex gobernador César Duarte Jáquez, no identificaron los restos ni cuerpos, porque no implementaron el procedimiento debido a que no había dinero para comprar los reactivos para hacerlo.
Sólo en la Zona Norte con sede en Ciudad Juárez, hay 250 restos óseos, 171 cuerpos y 79 restos óseos. Del total, 90 cuentan con perfil genético y de 160 tienen muestras bajo proceso.
Del Semefo de Juárez se llevaron algunos cuerpos a Chihuahua porque los refrigeradores estaban en mal estado, sin mantenimiento las instalaciones de esa dirección en la frontera.
En la Zona Centro con sede en Chihuahua y que incluye municipios como Delicias, Aldama, Ojinaga y otros, hay 157 cuerpos, 63 restos, que suman 220. De estos, 75 cuentan con perfil genético y de 145, hay muestras genéticas.
En la Zona Sur, con sede en Parral y que comprende el sur de la Sierra Tarahumara, hay 16 cuerpos, 18 de restos óseos, en total hay 34. En esa zona, 6 tienen perfil genético y 28 cuentan con muestras bajo proceso.
Y en la zona Occidente, que abarca la otra parte de la Tarahumara y tiene sede en Cuauhtémoc, municipio que registró en sexenio pasado el número más alto de personas desaparecidas del país, hay 47 restos óseos y cuerpos sin identificar.
De los 47, 33 son cuerpos y 14 son restos óseos, de los que 34 tienen perfil genético y sólo 13, muestras bajo proceso.
Peniche Espejel aseguró, que Servicios Periciales ya comenzó a identificarlos y denunció que ese es uno de los daños que ha generado el desvío de recursos.
DESAPARICIONES: UN PROBLEMA COMPLEJO EN EL ESTADO
El gobierno de César Duarte, de octubre de 2010 a septiembre de 2016, registró 15 mil 328 homicidios dolosos, mientras que en el anterior, de José Reyes Baeza Terrazas, fueron 12 mil 884, de acuerdo con el Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
A la suma de homicidios en el sexenio duartista, se sumaron miles de desapariciones en diferentes regiones, que tienen diferentes características y hasta ahora sólo se conocen hipótesis de los móviles, porque no han sido investigadas.
En la zona centro sur del estado, entre 2012 y 2014 se registraron varias desapariciones. Tampoco se conoce la cifra exacta, pero entre las víctimas hubo principalmente nogaleros, entre ellos José Alberto Márquez Ríos y su hermana Lorena, esta última fue «levantada» cuando buscaba a su hermano. Eran originarios de Saucillo.
En ese caso, se ventiló una evidencia que ha sido desdeñada para la investigación del caso: El 15 de agosto de 2013 fue detenido Joel Escobedo Meza en Ciudad Juárez, acusado de liderar una banda de secuestradores desarticulada en Camargo el 28 de septiembre de 2012. La Fiscalía General del Estado informó que él huyó momentos antes de que «reventaron» la casa de seguridad.
Fue sentenciado a 35 años de prisión a la siguiente semana, en un juicio abreviado (aún cuando hay prisión vitalicia para los plagiarios en el estado de Chihuahua). En una de las audiencias, él confesó que a varias víctimas las quemaron con tallas de tren, que fundían a temperaturas muy altas con los cuerpos, para evitar que los rastreara la policía. Entre las víctimas, sospechan sus familiares, puede estar el nogalero.
En la Sierra Tarahumara hay cientos o miles de personas desaparecidas, varias de ellas no han sido reportadas ante las autoridades porque es común que en aquellos municipios haya colusión de autoridades y corporaciones policíacas, con grupos delictivos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
Una evidencia más fue ventilada en denuncias, que también fueron desdeñadas por las autoridades. En el 2013, la familia del ganadero Abel Corral Salcido denunció su desaparición (expediente 7157/012346/2013) y en julio de 2014, ante la Procuraduría General de la República, donde advirtieron que en la desaparición están involucrados ex funcionarios y funcionarios del municipio de Madera.
En la misma denuncia, los testigos advierten de una fosa clandestina que hasta ahora, ninguna instancia ha investigado para esclarecer los hechos.
Un signo más de los móviles de las desapariciones forzadas, es el reclutamiento principalmente de jóvenes y de migrantes que viajan en el tren por la Sierra Tarahumara hacia Sinaloa o Sonora, de «trampa», para obligarlos a trabajar de manera esclavizada en campos de cultivo de marihuana o amapola.
El 4 de diciembre de 2015, la organización civil Uno de siete migrando acompañó el proceso de denuncia penal de dos jóvenes que lograron escapar de uno de los cultivos, luego de que fueron bajados con armas y junto con otros hombres migrantes, de la estación Julio Ornelas, en el municipio de Guazapares, ubicado también en la Sierra Tarahumara.
El delito que denunciaron es trata de personas, pero el expediente quedó archivado en la Fiscalía General del Estado. Los hombres intentaban llegar a la estación Sufragio, en Sinaloa, para llegar a Estados Unidos.
Los denunciantes, un joven de 27 y otro de 22 años, detallaron que junto con ellos viajaban otros hombres, algunos centroamericanos, que también fueron reclutados. Uno de ellos cayó, se quebró una pierna y el grupo que los obligó a bajar con armas cuerno de chivo, lo mataron.
Caminaron varias horas, los ubicaron en uno de varios campos de cultivo de droga, donde había migrantes de diferentes partes del país, de América Latina e incluso de municipios como Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, entre otros.
AVIVA LA ESPERANZA PARA FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
El pasado 3 de diciembre, el gobernador Javier Corral Jurado, firmó el convenio de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para analizar los restos óseos encontrados en dos fosas y una brecha de los municipios de Cuauhtémoc, Carichí y Cusihuiriachi.
Ese convenio era solicitado desde 2011 por familiares y organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), pero el gobierno anterior solicitó a las argentinas, lideradas por Mercedes Doretti, que no dieran a conocer la información ni resultados a los familiares, lo que va contra la ética y manera de trabajar del equipo de especialistas.
Una vez que Amnistía Internacional evidenció el problema de desaparición forzada en Cuauhtémoc, en enero de 2015, la presión de funcionarios de la Fiscalía General del Estado se empeñaron en intimidar a los familiares de personas desaparecidas, para que dejaran de pedir al EAAF y aceptaran la revisión de los restos por otro laboratorio.
El Cedehm apoyó a algunas familias a promover nueve amparos para evitar la manipulación de los restos, la mayoría calcinados, porque requerían de expertos para garantizar el trabajo y tener la certeza de que son o no, sus familiares quienes fueron localizados en las fosas.
El encargado del Área de Personas Desaparecidas en el Cedhem, Gabino Gómez Escárcega, denunció ante el gobernador Javier Corral Jurado y ante el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, que aún hay funcionarios de la anterior administración que intentaron dividir a las familias y las intimidaron para que evitar que llegara el equipo argentino.
En la Fiscalía Zona Occidente, con sede en Cuauhtémoc, hay 527 carpetas de investigación de personas desaparecidas y finalmente firmaron el acuerdo.
Doretti explicó que su trabajo consistirá en analizar los restos localizados en dos ranchos y una brecha y crear una base de datos de datos genéticos de los familiares: en octubre de 2011 localizaron una fosa clandestina en el rancho Dolores, localizado en el municipio de Cuauhtémoc; en noviembre de ese mismo año, hallaron más restos en El Montero, municipio de Cusihuiriachi y en febrero de 2012, encontraron una tumba ilegal en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí.
Javier Corral Jurado advirtió a los familiares en el acto de la firma del convenio, que las investigaciones de desapariciones forzadas en la región no serán fáciles, porque hay demasiadas complicidades desde el poder e intereses que permitieron que creciera ese delito.
«Vengo primero a antes que nada a dar un abrazo solidario (…) vengo también para asumir el deber legal de la responsabilidad frente a una realidad que se ha querido ocultar, frente a una realidad dramática que se tiene y que vamos a batallar mucho más de lo que pensamos, porque hay muchos hilos y hay tejidas muchas complicidades, y porque hay profundos intereses y complicidades hondas que tenemos que ir desbaratando poco a poco».
El gobernador se comprometió a que el gobierno será coadyuvante del EAAF y lo dejarán trabajar, porque las familias merecen por lo menos, la certeza del paradero sus familiares desaparecidos.
«En la zona de Cuauhtémoc donde se involucran 527 carpetas de investigación, varias las llevan las activistas del Cedehm, también de Justicia Para Nuestras Hijas, pero otras más que no tienen defensoras, el estado asumirá la defensa y el aliento de su búsqueda. Trabajaremos con el grupo de antropólogos forenses y se implementarán las acciones correspondientes para que los informes se den a conocer de manera pública, y que toda la sociedad esté enterada de los resultados», agregó.
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