El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó multar al Partido Revolucionario Institucional con 36.5 millones de pesos por la retención indebida del salario de trabajadores estatales por parte del gobierno de César Duarte, para después ser entregados mensualmente al PRI.
El consejero Ciro Murayama explicó que la sanción corresponde a la recepción de recursos ilegales por parte del PRI.
En 2015 se realizaron descuentos al sueldo de más de 700 empleados estatales a través de la Secretaría de Hacienda estatal y de ahí se entregaron mensualmente al Revolucionario Institucional, lo cual consta en recibos.
El pasado 5 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), una denuncia para que se investiguen penalmente los descuentos que se realizaron ilegalmente a los servidores públicos en el sexenio anterior.
Tan sólo entre enero y diciembre de 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, fue retenida una cantidad de 14,617,881.00 pesos.
El monto del total retenido al sector centralizado y entregado al Partido Revolucionario Institucional durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos.
La cantidad retenida es mayor a los 79 millones, al considerar los descuentos realizados directamente en los organismos para estatales y descentralizados.
¿Por qué representa esto un delito?
Ningún funcionario puede pedirle a otro cuota alguna para partido político, ya que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 11, una pena de dos a nueve años de prisión para aquel servidor público que “Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
En la mayoría de estos casos, las personas a las que se les realizaron descuentos no eran militantes ni simpatizantes del partido y fueron amenazadas con perder sus trabajos en caso de no aceptar estos descuentos, lo que implicaría otra serie de irregularidades que serán sancionadas.
El Gobierno del Estado encabezado por César Duarte influyó en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, al otorgar recursos públicos al Partido Revolucionario Institucional, violando con ello lo que establece en su Artículo 134 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de las sanciones administrativas y penales aplicables a los servidores públicos que ilegalmente retuvieron salarios y emitieron pagos al partido político, las autoridades electorales determinarán en su momento las sanciones aplicables al propio partido político, por la omisión del registro del dinero recibido, entre otras irregularidades.
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