MEXICALI, México, 27 abr 2018 (IPS) – En el aeropuerto de esta ciudad mexicana, fronteriza con Estados Unidos, los agentes aduanales advierten que habrá una revisión «aleatoria». Pero no es así. A las únicas personas que detienen y revisan son de piel muy oscura y cabello ensortijado, y casi no hablan una palabra de español.
Lo mismo ocurre en otros puestos de control de entrada de Mexicali, capital del estado de Baja California, donde a los que «parecen haitianos» les piden sus documentos y les revisan el equipaje. La práctica se ha vuelto tan común, que nadie protesta, según comprobó IPS en el lugar.
La presencia de afrodescendientes se ha vuelto cotidiana en esta región del noroeste del país, caracterizada tradicionalmente por la convivencia de grandes grupos de migrantes.
Mexicali es el mejor ejemplo: en 1920 tenía más habitantes de origen chino (que llegaron para trabajar en la construcción del ferrocarril) que mexicanos, y aún ahora, la comida típica de la ciudad es la china.
Son más de 4,000 haitianos, según los datos más actualizados, los que se han quedado a vivir en Baja California, sobre todo en las ciudades de Tijuana, el centro económico del estado; Mexicali, la capital política; y Ensenada, su polo turístico.
Comenzaron a llegar a esta frontera en 2016. Las organizaciones sociales de atención al migrante calculan que llegaron a ser unos 20.000 haitianos los que se congregaron aquí, con la intención de pasar a Estados Unidos, para acogerse un programa humanitario temporal, antes de que finalizasen sus beneficios.
Ese país asignó un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) a Haití tras el terremoto de 2010 y su vigencia oficial estaba determinada para permitir el libre ingreso a sus ciudadanos hasta julio de 2017.
Así que, tras la devastación que dejó el huracán Matthew en 2016, muchos haitianos comenzaron a migrar hacia Estados Unidos, usando a México como tránsito.
A ellos se les sumaron otros que habían salido de su país después del terremoto de 2010, para migrar a Brasil y otros países sudamericanos, que fueron abandonando cuando el impacto de sus crisis económicas y de otro tipo les cerró oportunidades de trabajo.
No previeron el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos al final del gobierno de Barack Obama (2009-2017), y todavía más con el arribo a la Casa Blanca de su sucesor Donald Trump.
Así que miles se quedaron varados en México, cuando Washington anticipó abruptamente el cese del TPS para los haitianos que no estuviesen ya en el país y en los pasos fronterizos se les pasó a impedir el acceso. Formalmente, el programa formalmente fue cerrado por Trump en noviembre de 2017, lo que obligará a los casi 59.000 haitianos beneficiarios a abandonar el país antes de julio de 2019.
Los haitianos se quedaron inicialmente en los albergues que organizaciones de la sociedad civil y de las distintas confesiones religiosas han instalado en estas ciudades fronterizas para auxiliar a deportados y a migrantes mexicanos y centroamericanos.
Después, y tras una fuerte presión política, consiguieron que el gobierno mexicano les otorgase una visa humanitaria que les permite circular por el país sin ser detenidos. La visa tiene vigencia de un año y es renovable.
Más tarde, comenzaron a incorporarse al mercado de trabajo y ahora se les ve en la construcción, como obreros de maquiladoras, cocineros en pequeñas fondas, dependientes en establecimientos o personal de limpieza en hoteles, entre otros oficios.
«Hace como un año comenzaron a regularizarse. Algunos consiguieron un cuarto para rentar y hasta se casaron. Muchos están trabajando en obras, incluso hay varios ahí enfrente, en la ampliación de la garita, pero todos se dispersaron», dijo José, encargado del albergue conocido como Hotel del Migrante.
El establecimiento, recordó José a IPS, quien pidió no dar su apellido ni difundir su imagen, está frente a paso fronterizo de Calexico, en el que hace unos años hubo una serie de movilizaciones por las deportaciones masivas de la administración de Obama.
En el albergue, uno de los mayores de la ciudad y que pertenece a la asociación civil Ángeles sin Fronteras, llegaron a vivir 700 haitianos, cuando su población promedio es de 200 personas acogidas.
«Está difícil para ellos porque la visa humanitaria no les da derecho a trabajar, sólo a moverse libremente dentro del país. Hubo un acuerdo con los empresarios de Baja California para dejarlos trabajar, pero en realidad, están trabajando sin contratos y hay bastante abuso», contó Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.
Metelus, de origen haitiano pero con nacionalidad mexicana y largos años viviendo en el país, encabezó la gestión de las visas humanitarias con el gobierno federal y en entrevista con IPS explicó que el apoyo de las autoridades mexicanas con los haitianos que quedaron bloqueados en el país ha sido escaso.
«Ahorita están demorando los documentos y las autoridades les están exigiendo una carta de que tienen trabajo, pero los patrones no quieren dárselas para no comprometerse porque la visa no es para trabajo», citó entre los problemas que afrontan los más de 4,000 que han recibido las visas humanitarias.
Al principio, 98 por ciento de los haitianos que llegaron a México lo hicieron sin pasaporte, pues entraron de forma clandestina. Ahora, el principal problema es que no cuentan con el registro único de población, un documento indispensable para prácticamente todos los trámites de México.
«Siguen recibiendo una visa humanitaria, pero yo me pregunto ¿para qué sirve la visa humanitaria si no pueden abrir una cuenta en el banco y en las escuelas no quieren recibirlos?», se preguntó Metelus.
«Necesitamos que les den la residencia permanente, porque ellos ya no quieren cruzar la frontera, quieren quedarse aquí (en México)».
En Tijuana, a 180 kilómetros de Mexicali, las cosas no van mejor para los nuevos pobladores originarios de la caribeña isla de Hispaniola.
En 2016, cuando comenzó el bloqueo fronterizo para los haitianos, el pastor evangélico Gustavo Banda abrió las puertas de su iglesia Embajadores de Jesús para alojar a familias y donó unos terrenos, a unos 10 kilómetros al suroreste de la ciudad, para que 30 de ellas se pudiesen construir pequeñas viviendas.
La comunidad bautizó a la zona como «La Pequeña Haití», en referencia al barrio de «Little Haiti» que está en la ciudad estadounidense de Miami.
Comenzaron las construcciones con donaciones de la comunidad, pero en julio de 2017, una orden del Departamento de Protección Civil de Tijuana frenó la construcción, al advertir que se trata de una «zona de riesgo hidrometeorológico», lo que significa que corre peligro de inundarse.
«Es un acto de racismo», denunció Banda entonces.
También resultan víctimas de variados actos de xenofobia y racismo, como el ocurrido el 28 de enero, cuando dos ciudadanos haitianos fueron baleados en la zona norte de la ciudad.
El semanario ZETA informó que uno de los heridos vivía en el albergue frente a donde ocurrió la agresión y el otro había ido a visitarlo; iban a buscar comida para la cena cuando les dispararon desde una bicicleta.
Tijuana es una de las ciudades más violentas del país, y sus zonas periféricas son muy peligrosas.
«Reconozco la solidaridad de mucha gente, pero creo que el gobierno podría hacer algo más. Están viviendo en zonas de alta marginación y hay bastante discriminación de los migrantes haitianos», concluyó Metelus.
Edición: Estrella Gutiérrez
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