SIERRA TARAHUMARA, México, 2017 (IPS) – Fabián Carrillo Cleto, un indígena rarámuri, llegó a las calles asfaltadas de Chihuahua, una ciudad del noroeste de México, el verano del 2014. Atrás habían quedado sus tierras, su bosque, su forma de vivir.
Fabián fue desplazado de manera forzada de su hogar. Su casa se ubicaba en una ranchería del municipio de Urique, en la colindancia del estado de Chihuahua con el de Sinaloa. Hombres armados lo golpearon y le dijeron que querían sus tierras. Fabián no tuvo otra opción que huir. Sus hijos quedaron regados en diferentes albergues de la sierra Tarahumara.
Él se había convertido en un opositor férreo al despojo de tierras y bosques de su comunidad. En esa defensa, llevó a la mesa de las reuniones de gobernadores indígenas trámites sobre casos de sus vecinos, ya sea para recuperar terrenos o para denunciar casos de violencia.
Fabián entendió la manera de actuar de los delincuentes, la forma de organizarse y sobrevivió, como si tuviese una unidad de inteligencia. Recorrió la sierra esquivando a quienes se convirtieron en sus enemigos, defendió a su raza de todo y de todos.
Mantuvo comunicación permanente con ellos, hasta que fue orillado a desplazarse.
En municipios de Urique, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Chínipas, Maguarichi, Guachochi y Bocoyna, principalmente, los indígenas resisten a la invasión de tierras. Son obligados a sembrar marihuana y amapola, a cuidar ganado robado y sus hijos son enganchados u obligados a trabajar en cultivos de enervantes.
A diferencia de otros líderes indígenas que han sido asesinados por el crimen organizado, Fabián murió por una enfermedad. Pero murió lejos de su tierra, de la que fue arrebatado por ese mismo crimen organizado.
Caciques que históricamente han controlado territorios completos de la Tarahumara, se mimetizaron o se fundieron con grupos delictivos para sobrevivir o para tener mejores resultados y han expulsado o amenazado, a quienes lideran la defensa de la tala ilegal o inmoderada de árboles de la sierra.
Decenas de comunidades indígenas quedan en medio de enfrentamientos entre grupos delictivos y son obligados de manera forzada a dejar su territorio.
Han sido despojados de su tierra y su forma de vida. Refugiados en asentamientos de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero y del centro sur del estado, trabajan en huertas y en la pizca. Otros tratan de encontrar trabajo en la construcción.
Morir por el bosque
Fabián es uno de los líderes indígenas que han luchado por defender los bosques. Pero la genealogía es vasta y su resistencia ha llegado al límite en los últimos cuatro años.
Los líderes indígenas que se han dedicado a defender su territorio y los árboles de la Tarahumara, han sido amenazados, desplazados o asesinados. De 2013 a la fecha, han asesinado a diez gobernadores o líderes que sostenían litigios penales o civiles contra despojos o daños ambientales.
En el 2013, fueron asesinados en Choréachi o Pino Gordo, del municipio de Guadalupe y Calvo, los indígenas Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre respectivamente.
Por esos homicidios y hostigamiento Choreachi tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aunque los presuntos asesinos están señalados, las autoridades no los han detenido.
A finales del año pasado, Ángela Ayala, hermana de Socorro Ayala y a quien también le mataron a su esposo, ya no pudo regresar a su casa porque fue amenazada, luego de acudir a una revisión de medidas cautelares.
El 5 de diciembre de 2014, asesinaron en las Coloradas de los Chávez a Irineo Meza de 23 años, quien había sido amenazado porque defendía a su gente de despojos de tierras.
Irineo Meza conoció el problema de sus hermanos de Choréachi y decidió sumarse a la exigencia, los acompañaba a presentar denuncias, principalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La religiosa Silvia Rodríguez se convirtió en defensora de Irineo y tuvo que abandonar el estado por las mismas amenazas que a él lo mataron.
En octubre de 2015, asesinaron a Herculano Frías, segundo gobernador de Jochi, municipio de Guazapares (colindante con Urique), luego de presentar alrededor de 15 denuncias por amenazas, robo de ganado e intento de despojo de sus tierras.
Un grupo de hombres armados llegó por él en un carro rojo y se lo llevó a la fuerza frente a sus hijos, la menor de dos años. Unas horas más tarde, fue localizado degollado en un rancho cercano, en Juturúmachi. La familia tuvo que huir de su tierra, ubicada al fondo de una barranca. El caso lo lleva la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhc).
En la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el año 2016, asesinaron a otros cuatro líderes indígenas: el 13 de enero asesinaron al ex gobernador indígena Cresencio Molina; el 26 de marzo a Víctor Carrillo; el 26 de marzo a Valentín Cartillo y el 29 de abril a Elpidio Torres. Todos ellos formaron parte de las comisiones que han denunciado la tala de árboles en su comunidad, ante diferentes autoridades.
El último homicidio fue el de Juan Ontiveros Ramos, en la comunidad de Choréachi, del municipio de Guadalupe y Calvo, el 1 de febrero pasado. Quince días antes, mataron a Isidro Baldenegro López, un líder emblemático que el año 2005 recibió el Premio Goldman, por su lucha a favor del medio ambiente. Su padre, don Julio Baldenegro fue asesinado casi 20 años atrás, en 1986.
Estos asesinatos, desapariciones y amenazas son consecuencia de la defensa del bosque, amenazado por los caciques que quieren vender la madera ilegal, los criminales que quieren controlar la tierra para sembrar enervantes y transportar droga, y los empresarios y políticos que desean explotar los minerales y paisajes en distintos megaproyectos.
Pese al miedo y la tristeza, los habitantes de la Sierra Tarahumara saben que la defensa debe continuar.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
Revisado por Estrella Gutiérrez
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