A trece años de la detención, abuso y tortura a la periodista Lydia Cacho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que fueron violentados los derechos humanos con la detención de la autora de Los demonios del edén, un libro que exhibía toda una red de trata y explotación infantil en el estado de Quintana Roo.
En 2005 la periodista Lydia Cacho fue detenida por diez personas en Quintana Roo, el grupo la trasladó en una camioneta hasta el Estado de Puebla en un trayecto de 20 horas donde no se le permitió comer ni comunicarse con nadie. En el camino fue víctima de tortura psicológica y de tocamientos, además de amenazas de muerte. “Durante mi detención no me permitieron acceder a teléfonos ni el contacto con mi abogado. Me impidieron tomar medicinas o ropa de abrigo para el viaje a Puebla; les insistí en mi derecho a la salud y me aseguraron que me acompañarían por mis medicamentos y un suéter antes de salir”, relató Cacho.
El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional emitió una resolución que exige al Estado mexicano reparar el daño a la periodista, procesar a los responsables de las violaciones cometidas y derogar de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias, pues permiten al poder político y económico utilizarlos como armas contra los periodistas.
“Las primeras horas en la carretera me hicieron sentir que el secuestro podría terminar en algo peor. Trato hostil, negativa a permitirme alguna llamada, groserías.
Entre ellos comenzaron a conversar las ocasiones en que habían muerto otros prisioneros. Habían leído historias sobre mí en Internet y hacían referencia a un «tipo de Torreón que me quería matar».
“Me aseguraron que querían pasar a ver el mar en la noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre «la gente que se ahoga». Me preguntaron por mi libro «sobre un pederasta» y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten «en eso». A mí me llevarían a la cárcel”, así describió Lydia Cacho las condiciones de su detención, y se puede apreciar claramente, cómo las autoridades abusaron de su poder contra la comunicadora, amenazándola y amedrentándola.
Meses después de la detención de Cacho, el 14 de febrero de 2006, se reveló una asquerosa llamada telefónica difundida por el diario La Jornada, en la que se escuchaba como el empresario textil Kamel Nacif, amigo y presunto cómplice del principal señalado en el libro: Jean Succar Kuri, felicitaba a Mario Marín, el gobernador priista de Puebla, por la detención de la periodista por el delito de calumnia. «Eres el héroe de la película, papá», decía Nacif de manera socarrona en la llamada. El Ejecutivo le respondía orgulloso: «Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad».
El caso se convirtió en un ejemplo de cómo las relaciones entre el poder económico y político podían conspirar, en este caso en contra la de la libertad de expresión. Eso es lo que reconoció la ONU este martes en un histórico primer dictamen contra México.
«Es sumamente importante y de gran relevancia porque es un caso emblemático y porque las violaciones siguen repitiéndose 13 años después», dijo este jueves Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Es un mensaje claro contra el Estado mexicano de que la violencia contra los periodistas es inaceptable», añadió Leopoldo Maldonado, uno de los abogados que llevaron el caso ante la ONU.
«Tenemos que aprender de los errores del pasado», dijo Cacho. «A los periodistas no nos toca ser héroes o heroínas. Sólo somos sobrevivientes de la tragedia nacional», agregó.
Sin embargo, la violencia no da tregua a informadores y periodistas, tan sólo en 2017 once informadores fueron asesinados en 2017 y otros siete reporteros han muerto en el primer semestre de 2018.
México tiene 180 días para responder el dictamen emitido por la ONU. Jarab asegura que la secretaría de Relaciones Exteriores ya ha expresado su entera disposición para atender a las exigencias, que incluyen una investigación imparcial, pronta y exhaustiva de los hechos denunciados por Lydia Cacho.
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